Los cambios políticos y sociales sufridos por el país en los últimos sesenta días tienen infinidad de consecuencias, y el Comité Federal de Radiodifusión es uno de tantos ejemplos. Un relevamiento de los despidos dispuestos por el nuevo interventor deja un cuadro en el que aparecen demoradas o directamente paralizadas varias actividades reguladoras del ente. Entre ellas, las investigaciones por presunto lavado de dinero del grupo CIE–Rock & Pop, del CEI Citicorp, del Grupo Avila y de Supercanal; la caducidad de las exenciones impositivas realizadas durante la gestión menemista; el Plan Nacional de Normalización de radios; las investigaciones sobre interferencia de frecuencias FM con Aeroparques y las resoluciones por infracción a la Ley de Contenidos, entre otras cosas.
Carlos Caterbetti, designado por el presidente Duhalde, reemplazó al ex interventor Gustavo López después de días agitados. “No vamos a contratar a nadie más, pero si piensan que por los despidos este organismo no va a funcionar, están equivocados. Sería mejor que juzguen en el andar y no antes”, dijo el funcionario, que proviene de la industria del acero. “No se fue nadie de los que que investigan temas de lavado. Todos ellos se mantienen, no los pudimos sacar”, aseguró Caterbetti. Sin embargo, fueron despedidas cinco de las once personas del área, entre ellos Alberto Scholiadis, jefe de Control Tributario y Evaluaciones Patrimoniales, y Sandra González, que realizaba la evaluación de informes patrimoniales. Ambos habían tardado un año en destrabar el complejo entramado de esos grupos, y funcionaban como la pata investigadora para la Justicia, con causas (a cargo del juez Bonadío) como el caso del CIE, CEI Citicorp y Grupo Avila. “El equipo que se especializó en eso y conoce los expedientes fue despedido”, asegura Scholiadis.
Por otro lado, en el Comfer se investigaban, desde hace dos años, las exenciones impositivas otorgadas a medios de comunicación durante los ‘90. La gestión menemista eximió de impuestos a varios medios, a cambio de que invirtieran esos fondos en emprendimientos. Uno de ellos fue el que prometió realizar Telefé (actualmente propiedad de Telefónica Media S.A.) cuando se incendiaron sus estudios. Poco antes de la caída de De la Rúa, la exención por 11 millones de pesos fue “caducada” porque Telefé no había cumplido su palabra: había cobrado el seguro y recibido la exención para invertir en lo que el seguro ya cubría. En estos días se trabajaban otras caducidades, pero el equipo de contadores a cargo de la tarea fue despedido. “Esas investigaciones seguirán haciéndose con los contadores que están ahora”, aseguró Caterbetti. “Eso no puede hacerse con gente de planta de un día para el otro, llevaría varios meses”, discute Scholiadis.
Dos días después de confirmado en su cargo, Caterbetti atendió a Página/12 en su despacho y aseguró que quería continuar con el proceso de normalización de radios de la gestión anterior. Las frecuencias se entregaron a unas 700 radios. Para normalizar se habían dividido en tres rubros: “zonas no conflictivas”, “conflictivas” y “radios grandes”. El plan para las “no conflictivas” estaba casi terminado, y sólo quedaban Río Negro y Entre Ríos. La segunda etapa era de las conflictivas: allí debía realizarse el concurso por zonas en Capital, Rosario, Córdoba, Mendoza y el GBA, de las cuales había un 70% terminado. La tercera etapa era realizar unos 90 concursos de radios grandes. Durante la época de Jorge Aiello, el área de normalización tenía casi cien personas. Con López fueron 16 personas, que entregaban 40 o 50 frecuencias mensuales. Ahora quedaron tres: entre otros, fue despedido Marcelo Bazán, encargado del área. “Con esta estructura, no podrían entregar más de 4 o 5 licencias por mes”, denuncia Scholiadis.
López aprobó el “Nuevo régimen de sanciones” para la televisión, aunque él mismo lo suspendió preventivamente hasta la llegada de nuevas autoridades. De todos modos, la persona encargada de valorizar las multas (que todavía se mantienen en el régimen viejo) fue despedida. No hay, actualmente, nadie que pueda resolver con celeridad ni catalogar la multa. “Las infracciones y la instrucción de sumarios por moratorias están paradas. Están pidiendo informes que nadie puede hacer. La única infracción fue a Crónica TV por el suicida en vivo, pero no puede haber resolución”, asegura la despedida Valeria Delfino, quien ingresó en 1997 y se especializó en el tema.
Los despidos alcanzan el 40%, aunque el presupuesto para el Comfer en el 2002 sólo bajaría un 10%. En 1999, último año de Aiello, fue de 22 millones, y se mantuvo en 14.5 millones en el 2000 y 2001. Para este año será de 13 millones (un millón y medio menos), aunque ahora Caterbetti asegura que se tratará sólo de 12.200.000. “No tomé políticos sino técnicos con experiencia”, aseguró el funcionario. Fueron contratados el ingeniero Rubén Patrigniani (trabajó en el área técnica del 9 y Azul) y Miguel Pló, en el área de legales, quien trabajó con Caterbetti en la provincia. Existen, además, otros temas a resolver. Uno es el de radios clandestinas, donde se pretendía incluir en el Código Penal al uso del espectro como un delito federal. Caterbetti explicó a este diario que “existen entre 6000 a 7000 radios clandestinas y no se pueden incautar si no está la ley”. También está el Plan Nacional de Televisión, decretado por De la Rúa, que tuvo 730 propuestas de implementación en 90 ciudades, aunque falta el plan técnico de la CNC. Caterbetti aseguró que se seguiría con el programa de “radios de frontera”, aunque las tres personas que llevaban a cabo el programa ya no trabajan en el organismo. Otra versión indica que no serán entregados los premios a la ficción otorgados el 19 de diciembre, mientras las pantallas mostraban los saqueos.
Otros detalles quedan en el aire. Ayer, el Comfer emitió un comunicado futbolero: “El Comfer extrema esfuerzos para que el Mundial de Fútbol se transmita a todo el país”, solicitando al representante legal de DirecTV Latin America que informe al organismo sobre “el estado de las negociaciones comerciales tendientes a dar cumplimiento en vivo y en directo a todo el territorio nacional”. Ni siquiera en la comisión de Diputados (ver aparte) se animaron a preguntar tal dato, que corresponde a la privacidad de la empresa. El comunicado dado a conocer por el Comfer aduce el pedido a las “modalidades preestablecidas en el artículo 2 de la Ley 25.354”. Sin embargo, si se refiere al proyecto de ley que pretende que se transmita el Mundial completo en todo el país, no es más que un texto que aún no fue aprobado por el Congreso, y que hace prever una negociación difícil.