En 1976 en Argentina había censura. Como señalan Postolski y Marino, el decreto Nº 19 del 24 de marzo la hacía explícita y, por si no quedaba claro, en la madrugada del mismo día del golpe “fueron convocados todos los directores de los medios de comunicación metropolitanos a la sede del Comando General del Ejército, donde se les informó la decisión de implantar un régimen de censura ‘que podía ser largo’” (Postolski G. y Marino S. “Relaciones peligrosas: los medios y la dictadura entre el control, la censura y los negocios” en Mucho Ruido, Pocas Leyes, Mastrini G. (Editor), La Crujía Ediciones, Buenos Aires, 2005). Se estableció un mecanismo de censura previa que funcionó sólo un mes porque los grandes medios, en lugar de quejarse, se autocensuraron haciéndolo innecesario. Los que no aceptaron esto sufrieron allanamientos y detenciones, desaparecieron 100 periodistas, se prohibieron y clausuraron radios y revistas, se quemaron miles de libros. La SIP y las asociaciones nacionales guardaron silencio y la mayoría de los argentinos tardaron muchos años en enterarse de estas cosas. Uno de los pocos que se animaron a enfrentar la censura, Rodolfo Walsh, lo hizo a través de una carta que repartió personalmente, lo que le costó la vida.

Hoy en toda Latinoamérica los monopolios mediáticos sí hablan de censura por parte de gobiernos democráticos. Estos “censurados” tienen cientos de canales, ganan plata con sus negocios, escriben columnas dominicales en los principales diarios de sus países y uno conoce sus voces antes que la de los “censuradores”.

El caso paradigmático sin dudas es Venezuela, donde para cualquiera que se informe por los medios tradicionales existe una gran censura y nadie puede informarse a través de otros medios que no sean los oficiales.

Cualquiera pensaría que los venezolanos sólo pueden ver horas y horas de Chávez hablando, propaganda gubernamental o programas oficialistas. Pero si vemos los números nos encontramos con otra realidad: el 80 por ciento de los medios audiovisuales de todo tipo están en manos de los grandes grupos económicos y sólo el 9 por ciento son del servicio público. A pesar de existir una ley que favorece la creación de medios comunitarios y alternativos, éstos encuentran dificultades para poder crear una radio o una TV porque el espectro está saturado y no hay lugar para transmitir.

Las últimas semanas los grandes medios nos volvieron a traer noticias desde allá:

1) La televisión argentina reprodujo fundamentalmente el ataque a Globovisión. Era lo más efectivo desde el punto de vista visual por ser hechos de violencia. Nunca la televisión explicó qué intereses representa Globovisión. El gobierno de Chávez repudió lo sucedido diciendo que le servía al canal para victimizarse y la responsable fue presa. Globovisión siguió trasmitiendo normalmente.

2) Se informó sobre la supuesta Ley de Delitos Mediáticos, que no pasó de un proyecto de la fiscal General de la República, que nunca tuvo estado parlamentario y ya fue descartada.

3) Por último, estuvo el supuesto “cierre” de 34 radios. Como en el caso de RCTV, el uso de las palabras no es inocente. Se habla de “cierres” y todo el mundo lo repite. El gobierno de Chávez no cerró ninguna radio; lo que hubo fue una acción administrativa dirigida a regularizar el espectro radioeléctrico, un espectro radioeléctrico saturado y lleno de irregularidades.

En cada país el Estado administra las frecuencias, ya que son un bien público y debe controlar que se cumplan las leyes que regulan su uso. Como señaló Helena Salcedo, directora de Radio Nacional Venezuela (RNV): “No presentaron los recaudos exigidos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) y están amparándose en el elemento político para decir que se cercena la libertad de expresión”.

El abogado constitucionalista Carlos Escarrá contó que en el estudio realizado a las 240 emisoras se puedo apreciar que “muchas de esas habilitaciones fueron traspasadas, fueron cedidas, legadas, es decir, se buscó cualquier forma jurídica, incluso fraudulenta, para que esas concesiones no estuviesen en manos de quienes legalmente deberían estar” y señaló que esta situación es “totalmente irregular que se diga que va vía sucesión, vía herencia, porque es un bien del Estado y no lo puedes heredar bajo ningún concepto”.

Los supuestos luchadores contra la censura en realidad defienden la ilegalidad que les permitió hacer negocios en estos años, mientras el Estado está obligado a regularizar esta situación. No para quedarse con esas frecuencias, sino para redistribuirlas entre nuevos actores que están interesados en ingresar al espectro (la mayoría sin fines de lucro). Esto, sin dudas, aumentaría la pluralidad en los medios en lugar de recortarla, como algunos plantean.

* Docente y periodista.