La complejidad del tema y la discusión generada alrededor del proyecto de ley de Servicios Audiovisuales de Comunicación es acorde a su impronta social, así como también a los intereses que están en juego. Elementos inherentes a nuestra Constitución Nacional y al Pacto de San José de Costa Rica (que en Argentina tiene jerarquía constitucional) como la libertad de expresión e información, la comunicación sin censura y el acceso igualitario al conocimiento están siendo cuestionados por múltiples sectores, muchos de los cuales deberían defenderlos: los propios medios de comunicación.

Es que, la mayoría de las veces, el periodismo ya no informa (entendiendo por “informar” la presentación al colectivo social de noticias de interés público, o sea, informaciones significativas a la hora de elegir como individuos libres y constitucionalmente responsables que somos). En este sentido, la agenda mediática que proponen los medios, sumada a la saturación de informaciones que circulan por los tan nuevos como diversos canales (muchos manejados por los propios popes mediáticos) suele esconder (aunque a veces ni siquiera se toman ese trabajo; la metáfora también es un ejercicio intelectual) infinidad de intereses que, egoístas y espurios, operan sobre una sociedad críticamente débil.

Desde el Sindicato de Docentes Privados, nuestra lucha está justificada por la importancia de que los docentes desarrollen la lectura crítica de los medios; y a desconfiar, como nos enseñaron nuestros abuelos, que lo regalado sale caro. Al acceder a más información, tener las tecnologías más rápidas y sofisticadas para leer las noticias de último momento o bajar el video, la foto y el audio como fuente de primera mano no estamos necesariamente conociendo la realidad. A esto se suma que gran parte de la población no tiene acceso a las tecnologías y es perjudicada además por una espectacularización y vulgarización de las informaciones que circulan en los medios tradicionales. Incluso, la mayoría de las veces, las nuevas tecnologías no son otra cosa que una puerta de entrada más atractiva para ingresar de manera ágil y acrítica a un sistema comunicacional tan centrífugo como manipulado, operando desde la construcción de la realidad para que actuemos de forma unánime y sin distinción con respecto a significados, objetos y significantes.

Los cambios tecnológicos nos están llevando por delante y con ellos las empresas que los desarrollan, distribuyen y ejecutan. Para que todo cambie y nada cambie. Para que creamos que por acceder a más canales y opciones somos más libres, cuando en realidad no hacemos más que ir y volver sobre los mismos puntos.

Si en su evolución natural la sociedad está cambiando, y con ella la comunicación, la educación, el trabajo y la cultura, entre otros factores, nuestra forma de percibir no puede seguir anclada en la pasividad, esperando que los medios de comunicación nos bien informen sobre todo aquello a lo cual no podemos acceder de forma directa.

Pongamos en valor la comunicación social y la información pública en vísperas a la ley de servicios de comunicación audiovisual que remplazará a la Ley de Radiodifusión 22.285. Cabe destacar que la actual propuesta de proyecto reconoce por primera vez en la historia de la legislación de la radiodifusión y medios audiovisuales del país que los chicos son sujetos de derechos comunicacionales en lugar de objetos para el consumo. Asimismo, los trabajadores de los medios, la educación y la cultura venimos apoyando desde hace tiempo el Foro por una Comunicación al Servicio del Pueblo basado en los 21 puntos de la Coalición por una Radiodifusión Democrática y la propuesta presentada por la Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social de la República Argentina (Cositmecos).

La ley vigente, anticonstitucional y antidemocrática, promulgada el 15 de septiembre de 1980 y modificada por decretos de “necesidad y urgencia”, permitió, entre otras cosas, la creación de holdings mediáticos y la injerencia desmedida de empresas extranjeras en nuestra cultura. ¿Casualmente no son ellos los que salen a defenestrar cualquier intento de modificar o reemplazar dicha ley de la época de la dictadura? Pero también es necesaria esta actualización legislativa para regular y democratizar los medios de comunicación tecnológicos, seguramente la punta de lanza en materia de conocimiento en el mediano plazo. Y que los de afuera no sigan abriendo la brecha.

* Secretario de Prensa de Sadop (Sindicato de Docentes Privados).