Dos años después de su sanción la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (Nº 26.522), aprobada tras largas discusiones y acusaciones de todo tipo, sigue enfrentando dificultades para su puesta en marcha.

Varios jueces se mostraron reacios a su implementación total o parcial. Hay, al menos, uno que teniendo un concepto bastante laxo de lo que es una “medida cautelar” sigue manteniendo en suspenso un artículo clave para el desmantelamiento del oligopolio de medios y la consiguiente puesta en marcha de una distribución democrática de las ondas (Art. 161). La Corte Suprema se ha pronunciado en forma muy esquiva sobre el tema, indicando que las medidas cautelares debieran durar un plazo razonable, pero sin mencionar su duración. Joaquín Morales Solá ya pronosticaba: “A la futura ley de medios audiovisuales le aguarda el fárrago lento y arduo de una compleja gestión judicial. Será, al mismo tiempo, una ley fugaz; un próximo gobierno la cambiará o hará una nueva” (La Nación, 4/10). Adrián Ventura extrema el dramatismo: “La democracia se suicidó”. Con una lectura particular de la historia concluye: “En 1989 se derrumbó el Muro de Berlín, en 2009, el Gobierno y el Congreso, alegremente, construyeron el muro de la censura”.

Todas estas predicciones, que fueron acompañadas por reiteradas acciones contra la ley, están demorando su plena implementación. Con la instalación de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual se tomaron varias medidas para implementar la ley, pero sus resoluciones reglamentarias están enfrentando un fuerte rechazo o simplemente son ignoradas.

Todavía sigue llamando la atención que una ley de comunicaciones de la dictadura haya sobrevivido en la era democrática. Pasaron más de 25 años y varios gobiernos elegidos por el pueblo. En estos años se introdujeron algunas modificaciones que no han hecho más que incrementar la concentración de los medios y limitar o impedir la participación de multitud de voces de la sociedad. En estos años se elaboraron más de 75 proyectos de ley que nunca fueron tratados por el Parlamento. Esto parece indicar que la voluntad política ha estado sometida a los poderes empresariales que, desde hace muchos años, quieren seguir marcando el paso del país.

Con la ley se han rescatado muchas de las iniciativas elaboradas mayormente a partir de los aportes de muy variados grupos sociales y políticos. Cuando la comunidad se reúne, reflexiona y piensa como tal, surgen aportes y se abren caminos para que su voz sea escuchada en los lugares de decisión. Los aportes y la dedicación de tantos grupos para que la comunidad pueda tener acceso a la comunicación y para que la cultura que crea el pueblo pueda compartirse no han sido en vano. La riqueza del diálogo y el disenso posibilita la oportunidad de abrirse a nuevas propuestas y reconsiderar las propias, conocer verdades ocultas o intereses particulares.

Las declamaciones en defensa de la manoseada “libertad de prensa” de muchos medios podrían resumirse a “los negocios no se tocan”. A pesar de este repiqueteo descalificador no pudieron impedir que muchas otras voces comenzaran hacerse oír. Lejos se está de negar el carácter comercial de buena parte de los emprendimientos de medios. Pero hay dos cosas que no se pueden obviar. Una, que la comunicación de la comunidad no puede reducirse a un negocio. El reduccionismo mercantilista de la comunicación es una forma de establecer el poder totalitario del negocio. Dos, la posibilidad del negocio de los medios tiene que tener un límite y una orientación. El espectro radioeléctrico es un bien de dominio público y debe ser regulado. Este es el camino para una verdadera democracia. Las dificultades que sigue encontrando la ley para su implementación no han impedido que otras voces se manifestaran. El halo de infalibilidad y autoridad que muchos medios y periodistas ejercieron por muchos años se ha ido desmoronando.

¿De dónde ha venido esa arrogancia de los medios para considerarse dueños indiscutibles de la verdad? Se podría pensar si algo de esto no lo han heredado o tomado de los religiosos. La actitud todopoderosa de los religiosos, en muchos momentos de la historia, definía los límites entre el bien y el mal, lo correcto y lo incorrecto, lo justo de lo injusto. El poder que provee tener la información pone una distancia y un grado de superioridad en la relación que inhibe toda crítica. Pero los tiempos de la autoridad religiosa impositiva han terminado, la verdad no les pertenece. La verdad se va creando en la verdadera comunicación sin ataduras de la comunidad toda.

Nuestro país ha vivido muchos períodos de oscuridad y opresión que han costado muchas vidas, impedido mucha creatividad, producido mucho dolor. No se pueden plegar las banderas de la ciudadanía responsable por el atropello de unos pocos que sólo tienen el argumento de su fuerza y su poder económico. Hoy tenemos las herramientas para bregar por una comunicación democrática que cree la comunidad solidaria.

* Comunicador social. Ex presidente de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana (WACC).