La Federación Argentina de Carreras de Comunicación Social (Fadeccos), asociación que nuclea a numerosas facultades, escuelas y carreras dictadas en las universidades argentinas, representando el sentir de miles de docentes, directivos, estudiantes, egresados e investigadores ligados a ellas, asume nuevamente la obligación académica y política de hacer pública su posición en reclamo de la plena aplicación de la Ley Nº 26.522 de Servicios de Comunicación Audiovisual.

La sanción de la Ley 26.522 –realizada luego de un amplio debate social y legislativo hace ya dos años– busca desmontar las estructuras concentradas de la propiedad de medios, en el entendimiento de que un alto índice de concentración de esa propiedad pone en riesgo el ejercicio concreto de la democracia y la necesaria pluralidad de voces en el concierto de la palabra pública.

Justamente por ese talante democratizador, los artículos 30 y 161 de esta normativa fueron cuestionados, al punto que una coalición del poder económico y un sector conservador del poder político logró suspender su aplicación mediante la interposición de medidas cautelares en distintas cámaras federales del país. Lo que han obtenido con ello es –en el primer caso– que se suspendan los trámites para la adjudicación de licencias para televisión por cable para las cooperativas de servicios públicos; y en el segundo, que suspenda para algunos grupos multimedia el plazo de adecuación a la nueva norma con relación al número máximo de licencias permitido.

Sobre este último punto, en junio de 2010, un grupo de organizaciones sociales, entre las que se cuentan la Asociación Mundial de Radios Comunitarias (Amarc), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y además diversas unidades académicas de las universidades nacionales, sindicatos que reúnen a trabajadores de los medios de comunicación y organizaciones que nuclean a medios de comunicación comunitarios, presentaron conjuntamente ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) un Amicus Curiae en el que se reunieron argumentos para apoyar la aplicación plena de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En esa línea, finalmente, el 15 de junio de 2010, la CSJN revocó unánimemente la medida cautelar dictada por la Justicia Federal en Mendoza que suspendía la ley, recomendando además que las causales de la suspensión fueran resueltas en un plazo “razonable”. Sin embargo, han pasado 17 meses desde entonces y el escenario no se ha modificado en este punto.

En razón de ello, Fadeccos enfatiza la urgencia de lograr una plena e irrestricta aplicación del articulado de la ley, lo cual incluye definidamente aquellos artículos que se encuentran en litigio, y además el conjunto de disposiciones que aún resta diseñar en orden a la reglamentación vigente desde el año 2010.

Finalmente, esta asociación convoca nuevamente a rechazar enfáticamente las propuestas referidas a la anulación –total o parcial– de esta ley que ensancha la participación social, así como también a la modificación de su espíritu democratizador o de las disposiciones que lo garantizan. En consecuencia, ratifica su compromiso de defender la plena vigencia de esta norma para enriquecerla desde las prácticas académicas que desarrollan sus facultades, escuelas y carreras asociadas, y solicita del Poder Judicial y de todas las instancias que corresponda las inmediatas medidas que viabilicen el pleno ejercicio de lo decidido legítimamente en el Congreso de la Nación.

* Presidenta de Fadeccos.