¿Cómo puede definirse la agenda pública? En pocas palabras: aquello de lo que se habla en lo cotidiano y que, por distintos caminos, es relevante para la vida de las personas en una sociedad. ¿Quién determina los temas de la agenda? No hay una sola respuesta para esa pregunta, pero se puede afirmar que el sistema de medios de comunicación tiene gran incidencia en su establecimiento. Suele decirse que los medios no ejercen tanta influencia en torno de qué pensar respecto de esto o aquello, pero sí en relación con cuáles son los temas acerca de los que se debe hablar. Esto es fijar agenda.

Por eso, vale señalar que el armado de las agendas públicas es también un escenario de lucha política, en tanto y en cuanto es el resultado de una negociación simbólica que concluye con la determinación de aquello que noticiosamente resulta relevante para la sociedad. En este proceso intervienen medios, periodistas y audiencias. Son negociaciones que constituyen formas de ejercicio del poder y que facilitan o condicionan la participación ciudadana, la libertad de pensar y decidir de las personas, en definitiva, el derecho a la comunicación.

Un ejemplo bien reciente ocurrió con las participaciones de los presidentes latinoamericanos en la asamblea general de Naciones Unidas. Cristina Fernández, pero también Evo Morales y Dilma Rousseff, para mencionar tan sólo algunos, en sus discursos ante el foro mundial fijaron posiciones, plantearon debates, instalaron temas que, en la gran mayoría de los casos, fueron ignorados por los medios de comunicación que reportan a los centros de poder. En Argentina y en el mundo. Es una buena muestra acerca de cómo la omisión también es una manera de incidir en la agenda pública y de hacer política. También la forma de referirse a los acontecimientos. Si el presidente Obama habla por teléfono con su par iraní es “un avance hacia el diálogo y el entendimiento”. Si el gobierno argentino da un paso para encontrar instancias de diálogo con Irán, en cambio, está “cediendo ante un Estado terrorista”.

En un libro reciente (Calidad informativa, La Crujía) la investigadora Lila Luchessi asegura que “el periodismo ya no representa un lugar de autoridad, sino de organización de un saber que se comparte. Compartir, como tarea, es una de las características centrales de este momento”. Construir la agenda pública es parte de esa tarea de compartir. Pero para que sea respetuosa del derecho a la comunicación, tal agenda tiene que ser completa en temas y en actores. Tiene que representar la pluralidad de cuestiones y enfoques y la diversidad de los actores presentes en el escenario. Es una forma de atenerse a la verdad informativa entendida como la realización del derecho de todo individuo y de todo colectivo social a una información veraz.

¿Qué es una información veraz alejada de toda presunta e inexistente objetividad? Aquella que, siendo completa y oportuna, permita a cada persona, a cada comunidad, a la sociedad, la construcción de un sentido particular acerca de los hechos, las situaciones y los temas, para poder acceder a puntos de vista propios que sean la base, luego, de decisiones personales.

Para ello, los periodistas tenemos que volver a las fuentes primarias, relegando a un segundo plano al muy consultado pero poco referido Dr. Google. Volver a las fuentes es ubicar en el primer plano a los actores sociales como protagonistas y constructores de la agenda pública, facilitar que se oigan sus voces, no sólo acerca de los temas considerados por los medios como importantes, sino haciéndolos participar de la construcción de tal agenda para insertar allí sus propios temas, aquellos que los actores de base consideran relevantes.

Volver a las fuentes es también prestar atención a los actores en el territorio haciendo un esfuerzo de inteligibilidad acerca de la verdad relativa de cada uno de ellos en su contexto. Hacerlo es aportar a la construcción social, al derecho a la comunicación y a la libertad de decisión de los sujetos y de los actores sociales.

Tener incidencia en la construcción de la agenda pública es hoy en día, también, una forma de participación ciudadana en la política, y los periodistas, en general los comunicadores sociales, tenemos que asumir el rol de garantes de este derecho poniendo nuestras capacidades científicas, políticas y técnicas, al servicio de esta tarea que es construcción de ciudadanía en democracia. Es una tarea fundamental para los que hacemos comunicación con sentido ético, profesional y con la pretensión de aportar al desarrollo de las sociedades en las que estamos viviendo.

Porque, sin duda, la agenda pública es un escenario político, de debate ciudadano y de ejercicio de derechos.