La discriminación de la pobreza incide en las coberturas periodísticas de dos maneras: por un lado, se asocia la pobreza con la criminalidad y, por el otro, se invisibiliza a esos grupos cuando ocupan el lugar de víctimas.

Kevin Molina fue asesinado el sábado 7 de septiembre por un balazo, durante el enfrentamiento entre dos bandas. En medio del dolor, hubo serias denuncias de los vecinos de que existió una zona liberada por las fuerzas de seguridad. Ahora bien. ¿Viste a la familia de Kevin hablando en la tele? ¿El caso fue tapa de los medios hegemónicos? No. Porque Kevin era de Zavaleta, no vivía en Barrio Norte. Las víctimas pobres son invisibles. La militante trans de la zona de Constitución Yhajaira Falcón fue acusada de robar 150 pesos a un taxista con una tijera. En la investigación no apareció la tijera, no hay testigos y no se supo del taxista. Sin embargo, estuvo varios meses detenida. Esta situación de abuso, producto de su vulnerabilidad, sólo fue noticia para Página/12 y Tiempo Argentino.

Las víctimas no son iguales. La mirada del periodismo, de los medios, de grandes sectores de la sociedad y del Estado se sensibiliza cuando afecta a ciertos sectores sociales e ignora a otros.

Pero los pobres se vuelven visibles a la hora de criminalizarlos. En ese sentido, el libro de Buenas Prácticas en la Comunicación Pública, del Inadi, sostiene que “el caso prototípico de la estigmatización de la pobreza es el que la asocia a la delincuencia. El prejuicio más común, utilizado de manera recurrente por los medios de comunicación, es que las personas en situación de pobreza salen a robar desde asentamientos, villas o barrios populares y que esto se vincula directamente con los crímenes y homicidios ligados a la idea de “inseguridad”.”

Para tomar dimensión del problema, según una encuesta sobre percepción de prácticas discriminatorias del Inadi del año 2008, la principal causa de discriminación en Argentina es la pobreza.

Como decíamos anteriormente, este imaginario social criminalizador atraviesa los distintos sectores sociales, así como también los poderes del Estado. En ese sentido, el joven pobre que responde al estereotipo del “delincuente” tiene más posibilidades de ser denunciado por vecinos, de ser para la policía el primer sospechoso de un delito y de recibir del Poder Judicial una prisión preventiva hasta que finalice el proceso.

Por el contrario, si la seguridad es un servicio público, el Estado debe garantizarla para todas y todos, pero sobre todo para los sectores más vulnerables, ya que cuentan con menos herramientas para ejercer sus derechos. Es decir, si queremos construir una sociedad más segura e inclusiva, debemos desarrollar discursos e imaginarios sociales que desasocien la pobreza de la criminalidad. Paralelamente, en materia de seguridad se deben desarrollar políticas activas que pongan el eje no sólo en los grupos hegemónicos de la sociedad, sino sobre todo en los sectores históricamente vulnerados. Una política que haga visible a Kevin y a Yhajaira.

* Licenciado en Comunicación Social UNLZ. Docente de Comunicación y Seguridad Ciudadana en la Universidad Nacional de Río Negro.