Desde Asunción, Paraguay

En el diseño paradigmático de los medios públicos se habla del concepto de una gobernanza Estado-sociedad civil, que si bien es conceptualmente muy sólido, lógico y coherente, su aplicación es delicada tanto por la naturaleza de la construcción de corresponsabilidades como de incumbencias.

Siempre será el Estado el que se reserve el mayor poder fáctico y burocrático para el manejo de estos medios, en algunos casos por razones muy sencillas de entender y que –también en algunos casos– no conmueven principios como la pluralidad y la autonomía.

Una de las razones más sencillas es el financiamiento estatal y la designación de autoridades de los medios públicos que devienen de espacios de decisión del nivel político como el Congreso y el Ejecutivo.

Así las cosas, siempre un gobierno tenderá a ejercer su influencia, ya positiva, ya negativa, en la construcción de pluralidad de los medios públicos y posiblemente tendrá preeminencia sobre la sociedad civil, representada –por ejemplo– en un consejo de medios públicos.

Si bien es un fenómeno relativamente nuevo, el sistema de redes sociales constituye una curiosa forma de construcción de comunicación pública que invierte drásticamente la relación de poder entre los consorciados en un proyecto de medios públicos, en tanto se establecen directamente en manos del ciudadano que sin requerir intermediación alguna coloca su información y su opinión en una red de interacciones que se comparte con miles de sujetos comunicantes, en un volumen que casi siempre es superior al alcance de un diario de mediana tirada.

Lo que sucede durante el día cuando la ciudadanía ejerce su expresión desde el universo drástico de los 140 caracteres del Twitter o el más generoso muro en Facebook es una forma de comunicación pública. Aun reconociéndola en un estado informal, carente de sistema, de convergencia coordinadora, de niveles de responsabilidad, de convencionalidad periodística, nada de esto quita que lo que pasa en las redes es exactamente “eso” que se quería que sucediera cuando se partió al rumbo de proyectar una comunicación donde la ciudadanía tuviera la palabra, la comunicación pública.

Negar que las redes son un nuevo inquietante rumbo donde confiar procesos de comunicación pública –entendiendo este fenómeno como un proceso de perfeccionamiento atendiendo los asuntos que resolver (o no) expresados en el párrafo anterior– es caer en un territorio de confort que niegue que la sangre de estos nuevos tiempos está cargada de la adrenalina de los desafíos de cambio, incluso para los dueños privados de la palabra o sus administradores estatales.

Si mueve voluntades para expresarse sobre los temas nacionales, si convoca a movilizaciones y lo logra, si denuncia, si des-opaca la gestión pública, si grita goles, genera movimientos solidarios en catástrofes y conmueve estructuras políticas, se escribe, se distribuye, se lee, se debate y genera opinión pública, es –ni más ni menos– un medio de gestión pública de la comunicación; salvo que nos aseguren que eso que camina sobre el techo, y dice miau, se llama camello.

El desafío del Estado es ahora dialogar con estas nuevas formas de expresión ciudadana, evitando esa tentación de seguir creyendo que las redes son una especie de “chat que se hace público”, sin animarse a percibir que lo que sucede es el relato de una sociedad metida a escribir su historia pública y a confrontarla con el poder. Pero con una novedad en relación con los tradicionales medios públicos, el mango de la sartén lo tienen aquí Felipe y María.

* Comunicador social. Ex ministro de Comunicación y Desarrollo de Paraguay durante de la presidencia de Fernando Lugo.