El Sindicato de Periodistas de Paraguay (SPP) denunció atropellos y torturas cometidos contra el periodista Paulo López, que, al mismo tiempo, está siendo acusado por el supuesto delito de resistencia cuando cumplía actividades profesionales buscando información en la comisaría 3ª de Asunción, el 3 de enero de 2014. Hasta ese lugar había sido trasladado ese mismo día un grupo de personas aprehendidas en el centro de la ciudad, en el transcurso de una manifestación pública en contra el aumento del costo de pasaje del transporte público.

En la ocasión, afirma el SPP, y mientras se encontraba en la comisaría a la que concurrió por propia voluntad para recabar información, el periodista López, reportero del periódico E’a, fue golpeado, torturado y finalmente arrestado por los policías. La denuncia sobre lo ocurrido fue presentada el 4 de enero por el propio López, una vez que recobró la libertad, tras la intervención de abogados y de funcionarios del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPP), órgano oficial creado por ley, que además generó un informe sobre los hechos.

López, quien desde agosto pasado realiza estudios en la Maestría en Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (Argentina), fue detenido en diciembre último al regresar de unas vacaciones a su país y debido a una orden de captura en su contra originada en una denuncia presentada por la policía y aceptada por la fiscalía el 18 de septiembre de 2014, en la cual se acusa al periodista de “ingresar sin identificarse a la comisaría” y de “propinar un golpe de puño al oficial ayudante Marcelo Méndez”. Ni el periodista ni sus abogados habían sido notificados de la acusación en su contra, pese a lo cual se le dictó orden de captura.

El reclamo de sobreseimiento de López por parte del SPP se plantea dado que el próximo 14 de abril la fiscalía debe presentar su requerimiento de sobreseimiento o bien acusación y solicitud de elevación a juicio oral bajo la imputación de “perturbación de la paz pública”. Actualmente, el periodista tiene restringida su libertad con prohibición de abandonar el territorio paraguayo.

“La situación que sufre nuestro compañero Paulo López se enmarca dentro de un contexto de hostigamiento a los medios de comunicación alternativos y de creciente violencia contra las y los periodistas del país”, sostiene en su declaración el Sindicato de Periodistas. Agrega la organización que “durante el gobierno de Horacio Cartes, los medios de comunicación públicos han sido vaciados de voces plurales y han pasado a ser nuevamente propagandistas del Partido Colorado, como es tradición del stronismo”, en alusión a Alfredo Stroessner (1912-2006), el dictador sangriento que gobernó el país entre 1954 y 1989.

La agremiación que nuclea a los periodistas paraguayos denuncia también que el fiscal de derechos humanos, Santiago González Bibolini, “ha demostrado manifiesta falta de interés, diligencia y cumplimiento de sus obligaciones” en relación con pruebas que le han sido ofrecidas para demostrar los abusos cometidos por los policías. Agrega también que “los policías denunciados no se presentaron a las audiencias indagatorias en dos ocasiones, absteniéndose de declarar en la tercera” mientras “continúan ejerciendo sus funciones con total impunidad”. Señala además que “a la vez que el Ministerio Público permite la impunidad de policías, existiendo numerosos elementos probatorios para su imputación, acusación y sanción, actúa como brazo represivo y criminalizante del periodista agredido”.

La situación de los periodistas y, en general, de la libertad de prensa en Paraguay se ha venido agravando desde la asunción de la presidencia por parte de Horacio Cartes, del Partido Colorado (Página/12, 11/03/2015). El SPP y también organizaciones defensoras de los derechos humanos y representantes de medios de comunicación comunitarios y alternativos han elevado sus denuncias, sin que reciban eco alguno en los ámbitos oficiales.

El comunicado del SPP exige “el sobreseimiento definitivo e inmediato de nuestro compañero Paulo López en la causa pergeñada por policías torturadores y avalada por la fiscalía contrariando sus obligaciones legales” y pide “al Ministerio Público la imputación de los agentes policiales denunciados y querellados por la comisión de varios hechos punibles contra el periodista”, entendiendo que lo sucedido constituye una violación fundamental de derechos, no sólo para la víctima directa, sino “que afecta la seguridad de todas las personas que ejercen la labor periodística” en Paraguay.