Desde Córdoba

Más allá de las prescripciones y las fórmulas que proliferan desde siempre en torno a los medios públicos, se ha tornado evidente que ellos no son una entelequia que pueda gestionarse y consumirse en virtud de un deber ser aislado del contexto y las circunstancias donde se desarrollan.

De hecho, es imposible entender en nuestro país la renovación de los medios públicos que ya existían o la creación de nuevas señales y contenidos sin los debates y combates por la comunicación que marcaron la agenda de comienzos de este siglo. Por un lado, porque la crítica a los efectos de la desregulación en el sector -concentración oligopólica de las producciones y los consumos- fue la que puso de relieve la importancia de crear y fortalecer medios cuya orientación no esté signada por la ganancia comercial. Por otro, porque fue en esos años cuando se expuso con enorme claridad que la lucha por la hegemonía no se establece sólo entre modelos económicos sino también entre regímenes de discursividad y visibilidad social y que cualquier intento de transformación del orden debe tomarse en serio este punto: los medios dejaron de pensarse como la escena donde ocurren las disputas para ser considerados como una parte sustantiva de lo que está en disputa.

La pregunta es, en todo caso, si podían y debían, si pueden y deben, como parecen reclamar algunos, sustraerse los medios públicos a esa politización que se configuró cada vez más antagónica entre regulación/desregulación, Estado/mercado, derechos/corporaciones, k/anti k; si el modelo de la contestación que de ella se deriva es el que debe signar la producción en esos medios y, más aún, si la lógica del antagonismo puede organizar una política democrática de medios públicos. Las preguntas son actuales porque todo indica que el modelo PRO viene a configurarse, precisamente, sobre el polo opuesto de esas dualidades.

Pero también es cierto que hubo en estos años una enorme y variada cantidad de experiencias que no se acotaron al modelo de la contestación sino que se apoyaron sobre el principio de diversidad y reconocimiento cultural. Que hubo medios que buscaron constituirse como ámbitos de conversación para las comunidades donde fueron creados. Que hubo intentos por visibilizar problemáticas y actores negados, por redefinir estéticas y formatos. Que hubo oficialismos incautos, pero también periodismo y argumentación. Y en tanto el pluralismo no es algo que se resuelve al interior de cada medio sino, y principalmente, en el sistema de medios, todo ello aportó a configurar un pluralismo audiovisual perfectible sólo hacia adelante.

Hoy los desafíos son enormes. Fortalecer y mejorar a los medios públicos estatales y no estatales, garantizar su sustentabilidad, ampliar sus audiencias, defender su interés frente a los privatistas que pueden verlos como gastos innecesarios. Y supone también, aunque suene antipático, reformular sus objetivos para vincularlos menos con batalla cultural y el periodismo militante que con la lucha contra la injusticia mediática lacerante y decisiva que atraviesa a nuestra democracia. Repensarlos, entonces, como herramientas de disputa por la igualdad expresiva e informativa, esa que permite expresarse para reclamar derechos, formular demandas, discutir propuestas, ejercer y construir ciudadanía.

#Ceder la palabra, así se llama la campaña con la que Hernán Lombardi, titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos en el gobierno de Macri, pretende inaugurar un nuevo pluralismo en la televisión pública. Artistas, deportistas, figuras del ambiente intelectual son invitados a responder cómo puede mejorarse la convivencia entre los argentinos. Cuidada campaña “antigrieta” que invita a tolerar, escuchar y respetar en el mismo momento en que el protocolo de seguridad del gobierno restringe el derecho a la protesta y la agresividad estatal busca imponerse por sobre toda disidencia.

Pero se equivocan Lombardi y el gobierno de Macri. Ellos no pueden cederle a los ciudadanos algo que los constituye y les pertenece: su palabra. Lo que pueden, y deben, en cambio, es garantizar que esas palabras puedan ser enunciadas y escuchadas bajo condiciones de estricta libertad e igualdad.

El poder político, cuando es democrático, no está llamado a ceder la palabra a los ciudadanos sino a escucharlos cuando ellos, contenciosos, deciden tomarla. #Tomar la palabra, que de eso se trata el derecho a la comunicación.

* Docente-Investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.