La semana anterior un plenario de tres comisiones del Senado de la Nación, especialistas y legisladores debatieron en torno a 16 proyectos de ley vinculados de diferentes maneras al derecho a la comunicación, en base a cinco proyectos para implementar la obligatoriedad de los debates presidenciales y once proyectos vinculados al acceso a la información pública.

La discusión es sumamente compleja, ya que todo esfuerzo por democratizar la comunicación y el acceso a la información queda trunco mientras el poder ejecutivo nacional y sus aliados descuartizan una ley de la democracia como la de Servicios de Comunicación Audiovisual, impidiendo que cumpla con su principal objetivo: desmonopolizar la comunicación y garantizar la pluralidad de voces.

De todas formas, cabe plantear algunas apreciaciones sobre los temas en discusión. La obligatoriedad de los debates vuelve a la agenda sistemáticamente en tiempos de elecciones. El sentido común –mediado por la experiencia política contemporánea– indica que este tipo de eventos no son ninguna panacea, y nadie puede sostener desde una posición democrática la obligatoriedad de debatir en condiciones desfavorables (moderadores, temáticas sesgadas, ediciones maliciosas). El debate de cara al ballotage sucedido el año pasado es una muestra acabada de las limitaciones de estos formatos: Macri planteó por cadena que no devaluaría, y trató a Scioli de mentiroso (“por qué mentís, Daniel, ¿en qué te han convertido?”). Los resultados están a la vista del pueblo argentino, devaluación del 60% mediante. Algunos integrantes de la ONG Argentina Debate, que organizó el evento, son hoy funcionarios del PRO.

En este marco, solo el proyecto del FPV hace un aporte al federalismo del derecho a la comunicación sosteniendo la necesidad de que al menos un debate se realice en el interior del país. Si bien es solo un gesto, reconoce el centralismo de los medios masivos de comunicación en Argentina. También plantea el rol central de la TV Pública y el sistema de medios públicos, a diferencia de otros proyectos que plantean el uso de la cadena nacional. Entendemos que el lugar natural de este tipo de iniciativas es la TV Pública, con la posibilidad de que los canales privados tomen la señal, tal como plantea el proyecto en cuestión. Se debería incorporar la obligatoriedad de que el debate sea transmitido por la Televisión Digital Abierta (TDA) y vía web. También se destaca en este proyecto el consenso entre los candidatos respecto de los temas, sería interesante que también consensuaran moderadores y emplazamientos.

Respecto a los once expedientes sobre proyectos para el acceso a la información pública, llama la atención en primer lugar la inclusión de las universidades públicas en tres proyectos oficialistas (Marino, del PRO, Odarda, de la Coalición Cívica, y Naidenoff, de la UCR). Parecen desconocer el principio de autonomía consagrado en la Reforma del 17, aunque más bien debemos suponer que lo ignoran deliberadamente.

El mayor aporte a la jurisprudencia respecto a este tema lo hizo Néstor Kirchner mediante el decreto 1172 del año 2003 en el que regula el acceso a la información pública. Allí Kirchner planteó que la información debía requerirse por escrito sin necesidad de justificar motivo, y daba a la oficina solicitada diez días de plazo prorrogables a diez más para responder. De no existir el dato requerido, se debe dejar constancia por escrito. En ese mismo decreto instala el mecanismo de audiencias públicas y las reuniones abiertas de los Órganos de Control de los Servicios Públicos.

La sanción de una ley que incorpore este decreto creando a su vez autoridades de aplicación, como hacen dos proyectos del FPV (de los senadores Irrazábal y Abal Medina respectivamente), va en ese camino.

De todos modos, una idea amplia y productiva de información pública debería pensarse también en la posibilidad de tener información sin ir a buscarla. El derecho humano a la comunicación es instrumental porque hace al cumplimiento de otros derechos, por ejemplo a la salud, o a la educación. Esta es una idea que debe estar presente en los proyectos que se voten, para ayudar a mantener vivo el espíritu de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que costó muchos años de discusión y militancia que no debemos resignar.

* Docente, investigador y codirector del Observatorio de Jóvenes, Comunicación y Medios de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.