Frente al “III panel académico sobre libertad de expresión y convergencia” que la Comisión redactora del proyecto de ley de comunicaciones convergentes organizó el último lunes en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, más de doscientos universitarios e integrantes de la sociedad civil cordobesa reclamaron “una convocatoria plural con mecanismos que garanticen la participación real de los académicos y los diversos actores sociales involucrados”.

El “debate académico” forma parte de las instancias instrumentadas por el Gobierno y presentadas como una forma de consulta para la generación de un proyecto legislativo que sustituya a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) –muchos de cuyos aspectos fundamentales han sido derogados por decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el gobierno del presidente Mauricio Macri y luego convalidados por el Congreso– y a la Ley de Argentina Digital (27.078).

Del encuentro en la universidad participaron el Ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, el vicerrector de la universidad, Ramón Yanzi Ferreira, y miembros de la comisión encargada de redactar el proyecto de ley que el Gobierno ha denominado de “comunicaciones convergentes”, cuya coordinadora es la ex diputada Silvana Giudici. En la ocasión Aguad fue nombrado “visitante ilustre” de la universidad cordobesa.

La mayoría de las intervenciones de los panelistas elegidos por el Gobierno apuntaron a sostener la línea argumentativa oficial, en el sentido de que no se debe regular la comunicación sino fomentar la competencia porque esta garantiza por sí sola el derecho a la comunicación.

Docentes, investigadores, egresados y estudiantes de la Facultades de Ciencias de la Comunicación, Ciencias Sociales, Derecho, Filosofía y Humanidades, Ciencias Económicas, y Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la universidad cordobesa junto con representantes de la Federación Argentina de Carreras de Comunicación (Fadeccos) y la Red de Carreras de Comunicación y Periodismo de la Argentina (Redcom), a quienes se unieron también dirigentes de los gremios de trabajadores de la comunicación y de docentes e investigadores universitarios de Córdoba, la Coalición por una Comunicación Democrática de esa provincia y de medios comunitarios, cooperativos y universitarios habían emitido con anterioridad un documento advirtiendo que “la participación efectiva no fue promovida, ni está garantizada”. Una de las firmantes sostuvo que el panel “es una ficción que la Comisión redactora usa para legitimarse y legitimar su acción”.

El encuentro de Córdoba fue convocado de manera apresurada apenas dos días hábiles antes de su realización y sin un borrador de proyecto de ley para habilitar la discusión y propuestas concretas. No existe tampoco ninguna garantía oficial de que los eventuales aportes sean finalmente incorporados al proyecto de ley que, según se afirma, se enviaría al Congreso el año próximo.

Los universitarios que criticaron la iniciativa afirmaron que “la historia de las políticas y legislaciones de radiodifusión y telecomunicaciones en Argentina y otros países latinoamericanos demuestra que cuando las normativas son realizadas sin genuina participación social, su contenido beneficia a las elites económicas y políticas mientras deja de lado las demandas ciudadanas. En cambio, cuando las reformas de políticas y legislaciones de comunicación son realizadas en base a la participación social genuina, las contemplan en alguna medida”.

La Comisión redactora se vio obligada a organizar las consultas después de las observaciones que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos formuló en la audiencia solicitada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y un grupo de organizaciones que integran la Coalición por una Comunicación Democrática. Ahora, quienes impugnan la forma de realización de las consultas señalan que “la Comisión Redactora demuestra tener una extraña noción de participación que se restringe a exponer ellos mismos y/o quienes ellos designan ante auditorios reducidos”.

En ese documento que también contó con la adhesión de integrantes de universidades públicas de La Plata, Buenos Aires, del Centro, Jujuy, Salta, Misiones, San Luis, San Juan, Cuyo y del Comahue, se afirma que, considerando que la que Comisión redactora contrató los servicios de la consultora privada McKinsey para elaborar el proyecto de ley, “evidentemente la decisión política no es fortalecer una propuesta a partir de los saberes y competencias de los/las múltiples profesionales –muchos de ellos/as integrantes de universidades públicas– que estudian y trabajan estos temas y que además han participado de la redacción de muchas de las normativas del sector a lo largo de las últimas décadas”.