Con algunos meses de demora, el directorio de Radio y Televisión Argentina Sociedad del Estado (RTA) respondió a las convocatorias de su organismo fiscalizador, el Consejo Consultivo Honorario de los Medios Públicos, integrado por universidades nacionales, trabajadores, organizaciones de derechos humanos, gobiernos provinciales, el Consejo Federal de Educación, el Consejo Asesor de la Comunicación y la Infancia, y los Pueblos Originarios**.

A lo largo del año, este consejo venía solicitándoles tanto al presidente de RTA, Miguel Pereira, como a su superior, el ministro Hernán Lombardi, que cumplieran con el informe semestral de gestión establecido en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y que no fue derogado por el decreto de Mauricio Macri de diciembre de 2015.

A pesar de la falta de respuesta, el Consejo siguió funcionando con el objetivo de asegurar la vigencia del Título VII de la ley, que regula los servicios de radiodifusión del Estado nacional en un articulado cuya redacción se inspiró en el modelo participativo de las televisiones públicas de Alemania y de Francia.

Finalmente el jueves 6 de octubre, Pereira –acompañado por el directorio de RTA y el secretario de Medios Públicos, Jorge Sigal– concurrió a la reunión del Consejo y leyó un documento de doce páginas que repasa los lineamientos oficiales para la TV Pública, Radio Nacional, Radiodifusión Argentina al Exterior y el archivo histórico PRISMA. Es un avance, aunque quedó pendiente que las autoridades elaboren el informe sobre el estado de la ejecución presupuestaria y la rendición de cuentas que por ley deberían elevar cada dos meses.

Durante la reunión se incorporaron distintos temas a la agenda de debate: caídas en los niveles de audiencia y ausencia de herramientas de medición, despidos de trabajadores, reemplazos de directores de Radio Nacional en las provincias, retrocesos en materia de cobertura de juicios de lesa humanidad, no renovación de espacios para producciones de pueblos originarios, incumplimiento de las cuotas de contenidos infantiles, federalización de contenidos, problemas de acceso en distintos territorios, mayor capacitación a recursos humanos y elaboración de manuales de estilo, entre otras cuestiones.

Estas discusiones son la antesala de la primera audiencia pública destinada a evaluar la programación, contenidos y funcionamiento de las emisoras del Estado nacional que se convocará antes de fin de año. Después de la audiencia, el Consejo deberá presentar sus conclusiones a la Comisión Bicameral de Promoción y Seguimiento de la Comunicación Audiovisual del Congreso de la Nación, que preside el diputado oficialista, Miguel Bazze.

Fortalecer los medios públicos es uno de los primeros pasos para garantizar el derecho a la comunicación, porque cumplen un rol irremplazable en promover el pluralismo informativo, la experimentación audiovisual alternativa y la generación de contenidos educativos. Son también custodios del patrimonio y de la diversidad culturales. Que sus gestiones y las normativas que las regulan sobrevivan a la alternancia electoral, trasciendan a los gobiernos y ganen tanto en autonomía como en control social vino siendo un desafío de la democracia.

Hay muchas otras asignaturas pendientes, pero también avances: el marco institucional de la ley 26.522, la expansión de las producciones audiovisuales en todo el territorio y la renovación del equipamiento tecnológico de los últimos años son algunos de ellos.

El documento presentado por las autoridades de Cambiemos concluye con una frase: “venimos a construir sobre lo construido, a tomar la posta para seguir construyendo”. Escepticismos aparte, la continuidad institucional del Consejo de Medios Públicos es un dato positivo, porque permite instrumentar mecanismos de control y ampliar la participación popular. En el mediano plazo, esto debería repercutir en la sostenibilidad de las experiencias exitosas en programación y audiencia que existieron durante todos los gobiernos democráticos y que casi siempre se vieron interrumpidas en cada recambio institucional o de autoridades.

* Presidente del Consejo Honorario de los Medios Públicos.

** Integrantes del Consejo: Mario Giorgi y Daniela Monje (Consejo Interuniversitario Nacional); Alejandro Ruiz, Rolando Conte y Ricardo Vernazza (Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social - COSITMECOS); Giselle Tepper y Manuel Barrientos (Organismos de Derechos Humanos), Gonzalo Morales, Silvia Robles, Luis Márquez, Néstor Rodríguez y Juan Courel (gobiernos provinciales); Alicia Ramos y Cielo Salviolo (Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia), y Jesica Millalonco (Pueblos Originarios).