La Justicia chilena aceptó por primera vez el abuso sexual como una forma de tortura específica al comenzar a tramitar una querella interpuesta por cuatro mujeres que fueron prisioneras durante la dictadura de Augusto Pinochet. “Esta violación sexual como política sistemática se realizó en contra de mujeres en completa indefensión al encontrarse secuestradas por una organización criminal de Estado, en cárceles secretas y bajo un clima de terror generalizado en el país, con la finalidad de degradar a mujeres pertenecientes a un grupo social y político”, dijeron los abogados Hiram Villagra y Pedro Pablo Fuentes.