La habitual tolerancia social a la existencia de los manicomios parece haber encontrado un límite en la falta de gas en el Hospital Borda de la ciudad de Buenos Aires. El Borda no es el único asilo psiquiátrico del país: existen 54 hospitales y colonias, de las cuales sólo una está en el ámbito nacional y el resto pertenece a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En ellas hay 21 mil personas internadas, según un Boletín del año 2010 del Ministerio de Salud de la Nación. Y esto sólo en el sector público.

Todos los manicomios del país son una vergüenza. El problema es que fueron creados para aislar y castigar, no para curar. Nadie se sorprenda.

Está suficientemente demostrado que la internación en este tipo de hospitales, en la gran mayoría de los casos, agrava la situación de las personas porque las aísla de la comunidad, las priva del ejercicio de su autonomía, les resta capacidades laborales y sociales. Los promedios de estadía son tan largos –diez años en el Borda y el Moyano, según un informe del CELS– que es una ironía seguir llamando internados a los que a todas luces están depositados y abandonados.

Los manicomios, en la historia de la humanidad, no fueron creados como instituciones para recuperar la salud, sino para separar y aislar a los “locos” bajo la presunción de que son peligrosos e irrecuperables. Está visto que, más allá de los avances, de las nuevas experiencias que han surgido dentro de ellos y la gran dedicación de muchos profesionales, especialmente los más jóvenes, el objetivo histórico del manicomio tiende a cumplirse inexorablemente. Como toda institución, su funcionamiento está sobredeterminado por el contexto social, por eso los enormes esfuerzos que se hacen para transformarlos caen una y otra vez en saco roto.

Las denuncias por violaciones a los derechos humanos en los asilos son permanentes y la indiferencia también: no hay muchas familias que las sostengan y las propias víctimas han perdido su capacidad de reclamar, cuando advierten que su palabra de “loco” no tiene valor de verdad para el otro. La sociedad sabe que estas cosas deben pasar detrás de los muros, pero mira para otro lado, porque en definitiva el miedo –alentado permanentemente y por cualquier motivo por los medios de comunicación– es más fuerte.

Hasta que no se puede seguir siendo indiferente porque el nivel de atrocidad, en este caso de la gestión macrista, pasa todos los límites: un año sin gas, mientras van demoliendo el edificio con ellos adentro. Entonces ya no se puede mirar para otro lado.

Reponer el gas y frenar la demolición son medidas necesarias y urgentes por razones elementales de humanidad, pero no constituyen ninguna solución de fondo. Eso sí, pueden calmar algunas conciencias y habilitar nuevamente la indiferencia generalizada.

La solución de fondo es, como marca el artículo 27 de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657, trabajar en la sustitución definitiva de los manicomios, creando nuevos dispositivos de atención no asilares, incorporando la atención en los hospitales generales –que todavía se niegan– junto a la mayor comprensión de la comunidad, que deberá superar tanto prejuicio.

El gobierno nacional ha elevado el rango del área específica de Salud Mental a Dirección, ha incrementado su presupuesto y está trabajando para ayudar a las provincias y a la CABA a transformar esta realidad. La profundización del modelo de inclusión social que apoyamos con entusiasmo tiene un capítulo importante en la salud mental. Reponer el gas en el Borda es un piso urgente pero de ninguna manera el techo que debemos ponernos.

* Psicólogo. Asesor en la Jefatura de Gabinete de la Nación. Ex diputado nacional, autor del proyecto que dio lugar a la ley 26.657.