En una reciente comunicación institucional de parte de la Asociación de Psiquiatras Argentinos (APSA) se informa a sus asociados sobre un “hecho histórico” para la institución: “Ser la única Sociedad Profesional Evaluadora del Sistema Nacional de Acreditación de Residencias del Equipo de Salud, a cargo de la Dirección Nacional de Capital Humano y Salud Ocupacional del Ministerio de Salud de Nación, en lo que compete a las residencias de psiquiatría, psiquiatría infanto-juvenil y enfermería psiquiátrica y de salud mental de todo el país”.

Esta noticia sorprendió e impactó de inmediato en diversos ámbitos del campo de la salud mental, especialmente en aquellos que trabajaron y apoyaron con un fuerte compromiso la sanción de la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. Esta habilitación hecha a APSA ha generado preocupación, en tanto que toca un eje fundamental, como es el de la formación y capacitación de los trabajadores de salud mental, desde una perspectiva interdisciplinaria e intersectorial.

Entre las diversas asociaciones y colectivos que defienden los lineamientos de la ley se encuentra la Asociación de Psiquiatras y Adherentes por los Derechos Humanos (Apadh), que ante esta situación ha expresado su posición: “APADH no avala que la formación de psiquiatría esté representada por una asociación, como en este caso APSA, que no sólo encarnó una férrea oposición a la promulgación de la Ley 26.657, sino que ahora actualiza esa oposición en comunicados recientes, en los cuales se expresa de forma reiterada la necesidad de que sigan existiendo los hospitales especializados en psiquiatría y salud mental. Estos –ex neuropsiquiátricos– son los hospitales que la ley exige sustituir (y no mejorar o reformar), por lo que desde diversos sectores y actores consideramos prioritaria la reformulación de las currículas profesionales para su adecuación a la letra de la ley sancionada, así también el cese de la formación de los residentes, en lo que APSA continúa denominando ‘hospitales especializados’ (monovalentes)”.

A partir de esta situación confrontada y pensándolo con proximidad, ¿cómo sería el criterio para habilitar al conjunto de disciplinas que, además de la psiquiatría, confluyen en el abordaje interdisciplinario e intersectorial, en el marco de la formación de la Risam (Residencia Interdisciplinaria de Salud Mental)? Y ¿quiénes serán designados como evaluadores? Otro gran interrogante, no menos preocupante, es que la dependencia gubernamental que dio el aval a APSA revela en una comunicación que intenta ser aclaratoria más confusión aún, al sostener que “se sigue trabajando para lograr homogeneizar el Marco de Referencia de la Risam, a partir de los insumos necesarios para definir las otras especialidades de cada profesión”.

En particular, ¿cómo se consideraría a los profesionales psicólogos que desde su práctica psicoanalítica desarrollan su labor profesional tanto en el sistema público como privado, partiendo de considerar a la salud mental como una especialidad?

En este sentido, debemos decir que en el marco de la plena implementación de la Ley Nacional de Salud Mental se observa cómo se van operando de forma sorpresiva e inconsulta resoluciones que contradicen el marco legal, a partir del accionar de grupos corporativos médico-psiquiátricos que, totalmente activos en cuanto a sus intereses, intentan neutralizar la legalidad vigente, desplegando todo su poder en dependencias gubernamentales. Recordemos que lo que está en juego no es sólo conservar una hegemonía científico–ideológica, sino también la exclusividad de acceder a cargos de conducción de instituciones, servicios y dispositivos de salud mental.

Para evitar hechos consumados que afecten la legalidad y legitimidad de cada una de las disciplinas, pareciera que ha llegado el momento de estar muy atentos y llevar adelante una convocatoria inmediata, para que opinen al respecto todos los actores involucrados en el campo de la salud mental.

* Asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.