En instituciones manicomiales, los entrevistados para esta investigación reportaron que los golpes y el maltrato verbal son prácticas frecuentes, tanto sobre los internos, por parte de operadores de salud, como entre los internos mismos. También hubo testimonios de violencia ejercida a modo de castigo. Un hombre refirió haber sido llevado a la terraza de un hospital psiquiátrico y dejado allí durante toda la noche. Una mujer describió cómo una enfermera la había obligado a reingerir su propio vómito ante su negativa a tragar la medicación. Algunos entrevistados percibían que si no habían sido maltratados era porque “tuve suerte”. Un hombre comentó que nunca le pegaron ni recibió maltrato verbal porque “siempre fui dócil”. Aun cuando no se lo padezca físicamente, ser testigo constante de este tipo de prácticas hacia otros compañeros tiene profundas y lesivas consecuencias en la subjetividad. Conocer y callar sobre tales abusos se manifiesta muchas veces en ansiedad y miedo. Algunos entrevistados reportaron la sobremedicación como práctica habitual de castigo y control.

La modalidad de atención despersonalizada afecta a todos: si una persona, en un determinado momento, no puede usar tenedores o cuchillos, la atención debería ayudarlo en su situación particular y no hacer que él y todos los demás coman sus alimentos con cuchara. Otra dinámica del psiquiátrico, particularmente lesiva, es la actitud de los equipos técnicos en cuanto a dialogar y recibir las opiniones de las personas internadas. Cuando determinadas prácticas y medidas son cuestionadas, los profesionales las justifican con argumentos pseudotécnicos, que por lo general desestiman las opiniones, pedidos y reclamos de las personas que padecen las prácticas y de sus allegados. La naturalización de la lógica manicomial en la atención en salud mental (dentro del hospital monovalente o afuera) implica la subestimación de la voz de los usuarios. La situación de la Sección Asociada de Psiquiatría del Hospital Alejandro Korn (“Melchor Romero”) de la ciudad de La Plata dio lugar a una serie de acciones judiciales en respuesta a la gravedad de los hechos constatados. En conjunto con el colectivo Desheredados de la Razón, conformado por trabajadores y voluntarios del hospital, el CELS interpuso una acción de amparo.

El reconocimiento del derecho a la privacidad es piedra fundamental del respeto a la autonomía y la dignidad de las personas. El modelo de atención manicomial en hospitales, pero también en otros dispositivos residenciales, no suele contemplar espacios para resguardar la privacidad. El sujeto no puede registrar nada como singular y propio, y suele verse expuesto a la mirada de otros en momentos privados como bañarse, cambiarse de ropa, dormir. Es común que las personas institucionalizadas no cuenten con espacios adecuados para resguardar sus escasas pertenencias, por lo que es frecuente que les sean hurtadas. Las dificultades para tener pertenencias obedece tanto a motivos económicos como a políticas institucionales, medidas pensadas para “proteger” a las personas internadas, lógica que se extiende incluso al control estricto sobre las pequeñas cantidades de dinero a las que pueden acceder. Al ser internadas, muchas personas son despojadas de efectos personales básicos, como el documento de identidad y el reloj, dos marcas fuertes de despersonalización, desorientación y apartamiento de los códigos compartidos con la comunidad. Aun en los dispositivos de externación, en ocasiones el personal hospitalario conserva la administración de documentos y credenciales.

El dispositivo de externación en ningún caso debería reproducir esas dinámicas, sino ayudar a la reparación de sus consecuencias físicas y subjetivas. Pero en la mayoría de los dispositivos de externación se observó una ausencia generalizada de espacios adecuados para compartir tiempo en privado con otra persona, lo que por demás implica la negación del derecho a la intimidad, con exclusión de la posibilidad de contactos íntimos, afectivos y/o sexuales.

En contraste con los hospitales, talleres, centros de día y otros dispositivos, generalmente despersonalizados, en algunas residencias de dispositivos de externación se pudo observar que las personas alojadas las habitan como verdaderos hogares. Los usuarios que viven en estas residencias muestran diferentes formas de apropiación subjetiva y legítima de las casas, que se reflejan en la satisfacción que les producen las actividades hogareñas como limpiar, elegir la pintura de las paredes, colgar fotografías y afiches y mantener las plantas del jardín. Estas actividades cotidianas elementales resultan del todo novedosas para usuarios que han pasado períodos muy largos o su vida entera en instituciones psiquiátricas. Tras vivir cincuenta años internado en un hospital psiquiátrico, un entrevistado comentó: “Me conocen en el barrio, me ocupo de la limpieza, tareas domésticas, y estoy más tranquilo que en el hospital. Desde que me mandaron a este lugar no me quiero mover más. Me gustaría estar para siempre”.

Sin embargo, ciertos dispositivos de externación continúan las lógicas del pabellón psiquiátrico. En los hogares psicogeriátricos de Mendoza, a los que el hospital deriva personas largamente internadas, continúa el aislamiento de la comunidad, la falta de intimidad y de un abordaje singularizado.

En algunos dispositivos residenciales conviven hasta seis personas por habitación y en muchos casos ni siquiera registran con claridad con cuántos compañeros cohabitan. La gestión del espacio viene dada por una figura de autoridad, por lo general empleada por el hospital psiquiátrico; otros dispositivos cuentan con presencia permanente de enfermeros en un rol similar al hospitalario. Si bien es necesario contar con las personas adecuadas para brindar los tipos de apoyo que necesiten quienes habitan en un dispositivo residencial, es necesario problematizar un esquema de abordaje que se asemeja a la internación en el manicomio. En el Centro Basaglia en La Plata se evidenció la asignación de un funcionario policial para la custodia del centro, que suele estar vestido de civil, controla las entradas y salidas y se suma a tareas cotidianas del centro como acompañar a los usuarios en las visitas a sus allegados. Este tipo de prácticas da cuenta de la facilidad con la que se generan dispositivos similares a centros de reclusión, antes que una casa tendiente a la inclusión en comunidad.

Familias

En el proceso de externación, los usuarios enfrentan barreras para recuperar los lazos con la familia y los seres queridos. Ante una posible “alta”, las familias se ven abrumadas por la idea de que todos los cuidados de la persona externada quedarán a su cargo, dada la debilidad o ausencia de políticas de seguridad social y de vivienda adecuadas. Esto decanta en situaciones conflictivas. La cuestión de la disponibilidad de una vivienda idónea es identificada como una causa central de la negativa de las familias a recibir a usuarios externados. La institución asume que el cuidado que requiere la persona al momento del alta será satisfecho por la familia, pero no considera la necesidad de la propia familia de contar con apoyos para brindar ese cuidado. Además, el supuesto de que corresponde a la familia biológica acompañar el proceso de externación desconoce posibles historias de violencia familiar, abusos y malos tratos e, incluso, que la prolongación de la internación pudo haber sido promovida y definida por sus mismos familiares.

En muchos casos se trata de familias con situaciones económicas muy precarias, para quienes la expectativa de sostener materialmente a un familiar tras una larga internación es una carga desmedida o directamente inviable. Los allegados a los usuarios se encuentran frecuentemente en situación de vulnerabilidad social.

Otro ejemplo es el manejo del dinero que las personas perciben en concepto de peculio por su participación en “talleres protegidos”. Como describe el jefe de un servicio: “Hay familias que quisieran que les entreguemos el dinero a ellos, quieren gastarlo ellos. No porque haya mala intención sino porque son familias muy necesitadas que ven en esos 400 pesos la posibilidad de pagar la luz o el agua. Nosotros le damos la plata al operario-paciente y decide gastarse la plata en ropa o en zapatillas, cosas que tienen que ver con sus necesidades, y viene la familia a reclamar”.

Este enfrentamiento debería plantearse como una situación-problema a resolver entre los distintos actores. El trabajo conjunto con la familia puede dirimir este tipo de conflictos que desde los dispositivos manicomiales se presentan como irresolubles. Una trabajadora social de los Talleres Protegidos y el psicólogo social de La Huella, en la Ciudad de Buenos Aires, destacaron la importancia de trabajar la tensión entre los temores de las familias y el derecho de los usuarios a tomar decisiones autónomas, pero acompañados en el proceso de aprendizaje de manejo del dinero: “A veces las familias, desde el temor, no quieren que ellos se administren. Nosotros les decimos que el peculio está también para eso, para que ellos empiecen a entrenarse, para que puedan poner prioridades de gastos, para que puedan ver qué comprar. Hay pacientes que cobran el peculio y lo primero que hacen es comprarle regalos a la familia, y está buenísimo porque ellos nunca habían podido regalar nada con dinero obtenido por ellos. Pero también hay pacientes que se lo gastan en cigarrillos en dos días. Ahí decís: ‘No, paremos. Veamos cómo intentamos que este dinero de la pensión tenga un uso más adecuado’”. Esto fomenta un diálogo en el que los usuarios pueden expresar sus deseos y los parientes sus inquietudes y necesidades.

La ausencia de apoyos materiales para las familias o allegados obstaculiza las externaciones. Por ejemplo, J. P. es un hombre de 32 años, de nacionalidad peruana, que hace diez años está internado en el Hospital J. T. Borda, donde ha sido víctima de abuso sexual en dos ocasiones por parte de otro interno. Ante los constantes reclamos de sus hermanas por su precaria situación en el hospital, tanto los profesionales del equipo tratante como el juez a cargo de su causa de internación, además de mostrarse negligentes en su accionar, han emitido juicios discriminatorios hacia J. P. y sus hermanas, por ser extranjeros. Funcionarios del hospital y del juzgado mantienen una actitud de reproche hacia las hermanas de J. P. por no llevarlo a vivir con ellas, aun cuando saben que no tienen las condiciones materiales para albergar a alguien con sus características, y sin embargo ellas están muy presentes en la vida de su hermano para darle apoyos y velar por su bienestar. Con representación del CELS, J. P. y su familia han impulsado acciones para exigir al Estado que agencie las condiciones necesarias para que J. P. pueda ser incluido en un dispositivo centrado en la comunidad, con base residencial fuera del hospital, donde pueda tener una vida digna y acceso a un abordaje en salud mental adecuado.

Durante la internación deberían emprenderse acciones que contribuyan a la revinculación, como localizar a familiares con quienes se ha perdido el contacto o posibilitar encuentros. Luego del alta, una tarea fundamental, que algunos servicios de externación realizan, es brindar herramientas para que quienes asuman las tareas de cuidado puedan hacerlo de manera respetuosa. El asesoramiento abarca cuestiones legales y administrativas y el acompañamiento afectivo de los familiares. Es necesario trabajar con las familias acerca de las representaciones sociales sobre “el loco” y explicar qué le sucede a la persona, cuáles son sus posibilidades e inquietudes, más allá del diagnóstico psiquiátrico. En las reuniones multifamiliares convocadas en distintos dispositivos de preparación para la externación (en los hospitales Estévez, Borda, Cabred, etcétera) se propicia el intercambio de experiencias y el acompañamiento entre personas internadas y sus familiares; también hay actividades sólo para familiares, en las que se trabajan aspectos conflictivos como la convivencia, la autonomía, el uso de los recursos económicos. Esto suma a la sostenibilidad de los vínculos cuando la externación del hospital ya se ha concretado.

* Extractado del libro Cruzar el muro. Desafíos y propuestas para la externación del manicomio, recientemente publicado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). La investigación estuvo a cargo de Macarena Sabin Paz, Rosa Matilde Díaz Jiménez, Soledad Ribeiro Mieres, Lionel Giglia, Ana Sofía Soberón Rebasa, Víctor Manuel Rodríguez y Luciana Salerno, y participaron también el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Córdoba y el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Cuyo.