“A partir del reciente resultado electoral de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se ha puesto más en evidencia la crisis estructural que la Salud Mental atraviesa, en el marco del subsector público estatal, dependiente de la administración del Gobierno de la Ciudad”, sostiene un documento del Consejo General de la Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires.

El texto recuerda que “con la autonomía de la Ciudad, se sancionaron tres normativas claves: la Constitución local, la Ley Básica de Salud y la Ley de Salud Mental”, pero “hoy la atención se realiza a partir de un conjunto de efectores y dispositivos, que de manera anárquica y haciendo ‘lo que pueden’, no han sido integrados, junto a los efectores y dispositivos que se debían haber creado, en el específico sistema de Salud Mental que establece la legislación respectiva”.

“El 27 de julio se cumplieron siete años de la sanción de la Ley de Salud Mental Nº 448, y el próximo 1º de octubre, se cumplirán once años de la sanción de la Constitución de la Ciudad Autónoma, que estableció: ‘Las políticas de salud mental propenden a la desinstitucionalización progresiva, creando una red de servicios y de protección social”.

El documento advierte sobre “la incertidumbre que genera el advenimiento de un nuevo gobierno que no ha tenido entre sus definiciones cuál va a ser la política que aplicará en el área”. Y denuncia “recortes y congelamientos presupuestarios, operados de común acuerdo por el jefe de Gobierno en ejercicio y el electo por asumir. Por ejemplo, están paralizados todos los nombramientos incluidos en la base presupuestaria para 2007. También se viven situaciones críticas en diversos efectores, tales como, obras de remodelación e infraestructura, el recorte de servicios contratados para la seguridad, y se ha denunciando la falta de psicofármacos, con el consiguiente efecto de descompensación de pacientes asistidos”. Además, estaría de hecho “vedada” la “participación de los jefes de Salud Mental, en los CATA (Consejos Asesores Técnico Administrativos) de los hospitales”.

El Consejo señala que, en junio del año pasado, “se acordó implementar parcialmente cuatro de los dispositivos alternativos al modelo asilar, planteados por la ley 448: guardias de salud mental en los hospitales generales, con equipo base de enfermero, trabajador social, psiquiatra y psicólogo; el establecimiento de camas de internación breve en diez hospitales generales; la apertura de cuatro “casas de medio camino” que se iba a concretar en 2006; la dotación de recursos humanos para cada uno de los doce hospitales de día, con el nombramiento inicial de cinco profesionales de salud mental, para cada uno”. Pero, “sólo se ha llamado a concurso para las guardias de salud mental en algunos hospitales generales, y los nombramientos de los profesionales concursados están congelados”. También se recuerda “la necesidad de llevar a cabo un postergado estudio epidemiológico, sin el cual no se puede establecer una política de salud mental, real y coherente”.

El documento contrasta esta situación con “las sumas millonarias que se destinan incesantemente a la remodelación de los hospitales monovalentes y otros, a partir de créditos del BID y de aportes genuinos, con resultados muy cuestionables”. Y deplora, “como contrapartida, la no asignación de recursos para los dispositivos alternativos dispuestos por el artículo 14 de la ley 448”.

El texto considera “una falta de voluntad política no haber creado el Sistema de Salud Mental al que hace referencia la Ley 448. Hoy sólo funcionan de manera anárquica –insiste el Consejo– diferentes efectores y dispositivos, que no están subordinados a la autoridad de aplicación del área sino bajo otra jurisdicción administrativa-sanitaria. Sólo dependen de la Dirección General de Salud Mental los cuatro hospitales monovalentes (Borda, Moyano, Tobar García, Alvear), los dos centros de Salud Mental y los Talleres Protegidos de Rehabilitación. La autoridad del área no tiene capacidad para bajar políticas al resto de los efectores: los servicios de Salud Mental de los hospitales generales, de infecciosas y pediátricos, y los Centros de Salud y Acción Comunitaria (Cesac)”.

“Esta situación también debilita la dotación de profesionales de salud mental”, dice el Consejo, y denuncia “la pérdida constante de cargos, que terminan siendo fagocitados por otras áreas de salud”. Faltarían cargos “de todas las profesiones que integran el equipo interdisciplinario de salud mental”, a lo cual se sumaría “la falta de concursos para cargos jerárquicos y la demora burocrática en nombramientos de profesionales que han concursado”.

Entretanto, “actúa una fuerza de trabajo gratuita o ‘ad honorem’: más de la mitad del recurso profesional total; paradójicamente, termina siendo funcional a las autoridades de turno, que no llevan a cabo ningún esfuerzo para incorporar trabajadores en un marco de legalidad laboral”.

Firman el documento representantes de la Asociación Argentina de Terapistas Ocupacionales, de la Asociación de Médicos Municipales (Filial Borda), de la Asociación de Musicoterapeutas de Buenos Aires, de la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, del Foro de Profesionales de Salud Mental, del Consejo Profesional de Trabajadores Sociales, de la Asociación de Profesionales del Ameghino, de la Red de Derechos Humanos y Salud Mental, y profesionales de otras instituciones.