Por J.C.K.

Me preguntan a menudo si la crisis económica perjudica la respuesta sexual de quienes la padecen, ya sea porque están desocupados o porque deben dedicar más horas a su trabajo. Sin duda, la sobreexigencia, angustia o depresión que genera la incertidumbre de orden material influye negativamente en el erotismo: la sexualidad es un delicado fusible, muy fácil de deteriorar con preocupaciones o ansiedades, tanto en hombres como en mujeres. Por cierto, la falta de dinero, las dudas acerca de si se podrá conservar o conseguir un empleo están entre las razones principales de la ausencia de deseo.
Las alteraciones en esta primera etapa de la respuesta sexual se incluyen bajo el nombre de DSI (deseo sexual inhibido). Yo prefiero llamarlas “default sexual”, y no sólo por su vinculación con las peripecias económicas que padecen las sociedades oprimidas por las deudas externas de sus Estados. Cuando todas las energías se concentran en cualquier clase de problema, en este caso el monetario, los individuos contraen una deuda con su “banco interno”, que les presta las fuerzas para continuar atendiendo otros aspectos de su vida. Dado que, tarde o temprano, esta deuda tiene que pagarse, el incumplimiento del compromiso se convierte en estrés y, con frecuencia, en trastornos de la libido.
Por otra parte, lo que se percibe como incapacidad para obedecer el tácito mandato de mantener a la familia es capaz de producir, en especial en los varones, una sensación difusa de “impotencia” generalizada que puede manifestarse en disfunciones eréctiles. Aunque no estoy en condiciones de asegurar –porque no hay aún estadísticas formales que avalen tal afirmación– que la pauperización de países como la Argentina haya aumentado directamente esta clase de inconvenientes, lo cierto es que cada vez más parejas consultan por ellos.
La pérdida de la autoestima y el consiguiente derrumbe de la libido estarían relacionados en buena medida con la inseguridad respecto del futuro, representada en la Argentina por la brusca disminución de las salidas laborales, la reducción del poder adquisitivo, la incautación de los depósitos bancarios y todo tipo de recortes de los derechos civiles.