Una extensa serie de entidades vinculadas con la salud mental emitió un documento llamado “Ciudad de Buenos Aires: la salud mental vulnerada”. Sostiene que “la atención de la Salud Mental, en el sistema público estatal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, sufre un grave proceso de deterioro y destrucción. El Gobierno de la Ciudad emitió la Resolución N52/12, por la cual se llama a licitación pública para la contratación del ‘Servicio de internación prolongada de pacientes psiquiátricos y pacientes gerontopsiquiátricos, con atención médica integral en salud mental, con el objeto de lograr su rehabilitación y su reinserción social’. Este acto, por el cual se derivan dineros públicos hacia el sector privado, contradice la Constitución de la Ciudad, la Ley 448 de Salud Mental y la Ley Nacional de Salud Mental 26.657. El marco legal establece que la internación debe ser considerada ‘como una modalidad aplicable cuando no sean posibles los abordajes ambulatorios’”.

“También según las leyes –sigue el texto–, se establece que las problemáticas de salud mental deben ser tratadas desde la perspectiva interdisciplinaria. Esta resolución hace gala de anacronismo al clasificar a los pacientes meramente como ‘psiquiátricos’. Los resultados de una ‘omnidisciplina’ perpetúan el modelo asilar-manicomial: es perjudicial intentar subordinar la salud mental a una visión de modelo médico hegemónico.”

“Este accionar del gobierno de Mauricio Macri –sostiene la declaración–- se complementa con el cierre y desfinanciamiento de dispositivos como el PAC (Programa de Atención Comunitaria para niños/as y adolescentes), dependiente del Centro de Salud Mental N1.”

El documento subraya que la Resolución 52 “genera un doble perjuicio: contraría la Constitución de la Ciudad, según la cual debe concretarse un proceso de ‘desinstitucionalización progresiva’, creando una red de servicios y protección social y garantizando su atención en los establecimientos estatales. Por otro lado, intenta tercerizar la atención, derivando hacia clínicas privadas, sosteniendo la ‘internación prolongada’ como modalidad asilar-manicomial. La Constitución de la Ciudad expresa que ‘no se pueden ceder los recursos de los servicios públicos de salud a entidades privadas con o sin fines de lucro’. Este mismo gobierno ya lo ejecutó con la atención de las adicciones, delegando la atención en instituciones privadas. Esto implica la privatización del sistema de salud mental”.

El texto advierte también sobre “complicidades y llamativos silencios corporativos” y postula “la imperiosa necesidad de actuar partiendo desde dos ejes: la movilización de la comunidad, los pacientes y sus familiares y los trabajadores del sistema y la defensa de la legalidad, mediante presentaciones ante la Justicia. Exigimos la inmediata asignación de los recursos para instituir la apertura de camas de internación en hospitales generales, casas de medio camino, hospitales de día, residencias protegidas, emprendimientos sociales y el conjunto de dispositivos establecidos en el art. 14 de la Ley 448”.

Entre los firmantes están la Mesa Intersectorial de Salud Mental; las asociaciones de profesionales de los hospitales Alvear y Alvarez y del Centro de Salud Mental Ameghino; el Colectivo 448 de Salud Mental; el Frente de Artistas del Borda; el Foro de Instituciones de Profesionales en Salud Mental, que incluye a su vez a la Asociación de Psicólogos de Buenos Aires, la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva, la Asociación Sistémica de Buenos Aires, la Asociación Psicoanalítica Argentina y muchas otras entidades.