“La política de mantener cárceles clandestinas, la utilización de la tortura y el uso del fuero militar en vez de los fueros ordinarios para procesar a sospechosos de terrorismo usados en el Cono Sur en los ’70 han sido adoptados ahora por Estados Unidos”, señala Robert Goldman, ex presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y miembro del Panel de Juristas Eminentes. Este último organismo es un grupo formado por ocho expertos internacionales –entre ellos el juez de la Corte Raúl Zaffaroni– con el objetivo de analizar las leyes y prácticas justificadas como necesarias para combatir el terrorismo. El martes y ayer, Goldman, Zaffaroni y el suizo Stefan Trechsel escucharon testimonios sobre la experiencia de las dictaduras en el Cono Sur para buscar puntos de contacto entre las políticas implementadas en distintos países después de 11 de septiembre de 2001.

–¿Cómo funciona el Panel de Juristas Eminentes?

–Se formó por iniciativa de la Comisión Internacional de Juristas, una ONG con sede en Suiza. El motivo fue que, después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, en Estados Unidos hubo muchos cambios. Se introdujo en todas partes del mundo nueva legislación, nuevas figuras penales que reprimen actos de terrorismo. En muchas partes del mundo, y sobre todo en los Estados Unidos, los políticos afirman que el derecho internacional de los derechos humanos tal vez no sea adecuado para enfrentar este peligro. Nuestro trabajo es viajar por todas las regiones para realizar audiencias públicas, hablar con los gobiernos para analizar cómo funciona esto, cuáles han sido los efectos de estas prácticas y cómo han impactado sobre el estado de derecho y los derechos civiles y políticos.

–¿Con qué se encontraron hasta ahora?

–Hemos realizado, por ejemplo, audiencias en Estados Unidos, Gran Bretaña, norte de Irlanda, Africa. Y vamos a ir a otros lugares. Hasta el momento lo que encontramos es preocupante. Vimos que gobiernos que han enfrentado insurgencias, como en Colombia o en Rusia, después del 11 de septiembre, lo que fue un conflicto armado interno claramente dominado por el derecho internacional humanitario se convirtió en parte de la guerra contra el terrorismo en la que no se aplican normas mínimas del derecho internacional humanitario o los derechos humanos.

–¿Cuál es el trabajo que están haciendo en Buenos Aires?

–A las audiencias que celebramos en Argentina están acudiendo expertos de toda la región: de Uruguay, Paraguay y Brasil y, por supuesto, Argentina para discutir cuáles son las lecturas que deben sacarse de las experiencias tristes y difíciles del pasado en cuanto a los gobiernos de facto.

–¿Buscan los puntos de contacto entre las medidas tomadas actualmente y las violaciones a los derechos humanos en las décadas del 70 y 80 en la región?

–Justamente, hay algunos. La política de mantener cárceles clandestinas, la utilización de la tortura, la utilización del fuero militar en vez de los fueros ordinarios para procesar a sospechosos de terrorismo usados en el Cono Sur han sido adoptados por Estados Unidos. Estados Unidos ha aceptado que ha tenido presos clandestinos, personas que han desaparecido. Se han hecho comparaciones, por ejemplo, sobre la Operación Cóndor y las políticas de extradición. Obviamente hay diferencias, la política que existía en el Cono Sur era para la liquidación en gran medida de las personas. Estados Unidos no está liquidando a las personas, porque quiere mantenerlas vivas para obtener información, pero se trata de cosas aberrantes.

–¿Se podría hablar también de un plan sistemático?

–Hay que analizarlo. Pero es obvio que ha habido cooperación de varios países europeos con los Estados Unidos. Lo han negado, pero la ha habido clandestinamente. Estos son puntos que las personas de acá, que han tenido la experiencia de la guerra sucia, están enfocando.

–¿La última vez que estuvo en el país fue como miembro de la CIDH?

–Fue hace tres años, como miembro de la CIDH, y estuve tratando de terminar con algunas casos.

–Durante su gestión en la CIDH hubo un reclamo constante sobre la anulación de las leyes de punto final y obediencia debida ¿Pensaba realmente que se iba a lograr la anulación?

–En mi última visita había una nueva composición de la Corte Suprema y ya había señales. Teníamos la larga y desorganizada jurisprudencia de la CIDH sobre el tema y cuando (Perú) no cumplió con el caso de Barrios Altos, se elevó a la Corte (Interamericana de Derechos Humanos). Fue la primera vez que la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre leyes de amnistía y dijo que eran nulas y sin efectos. Además, acá teníamos la decisión del juez (Gabriel) Cavallo. Se podía ver movimiento. No me sorprendió que la Corte Suprema finalmente declarara la nulidad de esas leyes. Es el único país que ha tomado tantos pasos favorables para borrar los efectos de la impunidad.

–¿El único en el mundo?

–No conozco otro país en el mundo que haya sufrido lo que sufrió Argentina y haya llegado a este punto. Mire en el Uruguay... Chile.. Guatemala, donde hubo un genocidio. Esto no quiere decir que sea fácil ni que todo el mundo vaya a estar satisfecho con los resultados. Pero creo que es algo muy significativo.

–Hay quejas porque recién después de treinta años están empezando lentamente los juicios.

–Los argentinos son muy exigentes. Puedo entenderlo, porque lo que pasó acá fue una pesadilla que destruyó la vida de mucha gente. No soy argentino, pero como jurista y ex miembro de la Comisión digo que la Argentina ha hecho más que cualquier otro país en el hemisferio. Es el único país que procesó a los miembros de las Juntas, y ahora se ha abierto de nuevo el camino para la Justicia. Obviamente, después de tanto tiempo hay problemas de testigos, problemas de pruebas, va a tomar tiempo, pero es un logro que hay que hacer conocer.

–Otro tema que manejó la Comisión en su gestión y que sigue siendo preocupante es el de la situación carcelaria..

–En todo el hemisferio.

–¿Qué medidas deberían tomarse?

–Francamente, no se puede mantener a personas en las prisiones en las condiciones que existen en el hemisferio. Si la política es endurecer las leyes, y no estoy seguro de que sea la solución para enfrentar la inseguridad –pero voy a dejar eso al maestro Zaffaroni que es un experto–, hay que tener, por lo menos, prisiones donde la gente no viva como animales. Creo que esto tiene que ser una prioridad de la Comisión en este momento. La población carcelaria no tiene un gran lobby, sobre todo cuando hay tantas prioridades en países que la pasaron mal en la última década.

–¿Cuál fue el caso relacionado con Argentina que más lo impactó o conmovió?

–Diría que el caso más difícil fue La Tablada. Obviamente, tocó nervios nacionales por lo que representó. Pero el caso es paradigmático porque fue la introducción del uso del derecho internacional humanitario. Es un caso de más de cien páginas de análisis meticuloso sobre lo que pasó durante el ataque, lo que pasó inmediatamente después del ataque –porque hubo desaparecidos– y lo que pasó después con los procesos judiciales. Eran tres etapas distintas que la Comisión tenía que analizar.

–Además, era un tema que no despertaba mucha solidaridad...

–Estoy más convencido que antes de que lo que hicimos en este caso fue un servicio necesario para la Argentina, porque hemos esclarecido lo que pasó. También hemos abierto nuevos campos con la aplicación del derecho internacional humanitario. Hemos establecido nuevos estándares sobre evaluación, sobre cómo se debe llevar a cabo un tipo de investigación que hemos aplicado en otras partes del hemisferio. En el contexto político fue sumamente difícil, porque eran personas que no eran muy queridas en el país. Intelectualmente y en el sentido de lo que estaba en juego, el caso fue sumamente importante.

–¿La Argentina es uno de los países que más recurre a la Comisión?

–Más que cualquier otro país. Algunas son cosas groseras, pero otras son de un nivel de sofisticación tremenda. La otra diferencia con casi todos los otros países es que la gran mayoría de las peticiones que llegan son patrocinadas por abogados de la práctica privada, que conocen el sistema. En los otros países las ONG son las dueñas. Eso hace que la jurisprudencia más importante de la Comisión esté relacionada con la Argentina. Durante los ocho años que fui relator, la Argentina ha sido el país clave para nuestra jurisprudencia, sobre todo en debido proceso y en soluciones amistosas.

–¿A qué se debe?

–Creo que a la visita que realizó la Comisión acá hace 27 años. Jamás ha habido una visita en loco como ésa. Hubo más de cinco mil personas haciendo denuncias en plena dictadura. La Comisión estuvo por casi dos semanas y fue a las cárceles. (El canciller y ex secretario ejecutivo CIDH) Jorge Taiana estaba preso. Para muchos fue una garantía de que podían vivir. Creo que en ese momento se estableció la credibilidad y el prestigio con los argentinos. Es muy común acá, todo el mundo dice: si pierdo el caso... ¡me voy a la Comisión!