“Algo habría que hacer para perseguir a los clientes. No tendrían que tener impunidad. Pueden no saber toda la historia de estas mujeres, pero la probabilidad de que esas chicas con las que se están encontrando sean víctimas de explotación de algún tipo es casi del ciento por ciento”, opina el italiano Eugenio Ambrosi, director regional para Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay de la Organización Internacional para las Migraciones. En un reportaje con Página/12, Ambrosi analiza el fenómeno de la trata de mujeres en la Argentina, reflejado en el informe de la OIM que ayer publicó este diario en exclusiva. Y destaca la importancia de que se sancione una ley en el país que tipifique este delito para poder combatirlo.

–Después de analizar la investigación que acaba de finalizar la OIM sobre trata en la Argentina para explotación sexual ¿cómo ve el problema en el país?

–La Argentina tiene un problema importante de trata interna para la explotación sexual focalizada en algunos lugares. Buenos Aires, por ejemplo, es una provincia de destino de víctimas de trata, tanto interno como internacional. Misiones es una provincia de origen. Hay un esquema bastante presente en el territorio: no es algo que pasa en dos o tres pueblitos sino que hay una red importante, bien organizada, con capacidad de reclutar y utilizar mujeres por todos lados y en forma diferente para satisfacer los requerimientos del mercado. En algunas zonas del país, como en Tucumán, se trata de emprendimientos familiares, familias que se dedican a la trata de mujeres como si fuera una pizzería o una panadería, para exportación a otra provincia o al exterior del país. Hay mecanismos bastantes complejos, con responsabilidades diferentes para cada momento del proceso: hay quien recluta y después utiliza a esas víctimas; hay quien recluta y vende a otros; hay quien recluta y alquila.

–Cuesta creer que se compren y se vendan mujeres...

–Depende de la zona, de las características de la mujer, de la edad, se pagan entre 100 y 5000 pesos. El alquiler de mujeres vale mucho, se calcula en base a lo que la mujer puede generar en el pub, la whiskería o el prostíbulo. Hay mujeres que pueden generar hasta 1200 pesos por día explotadas sexualmente. Una de las características del mercado es que la novedad de la mercadería se cotiza más alto, por eso las rotan. Tener mujeres nuevas atrae más clientes y permite mantener los precios a cierto nivel. Es horrible usar estos términos para referirse a seres humanos, pero una mujer, cuanto más usada, menos rinde.

–Del informe surge que hay redes que funcionan con protección policial y de funcionarios públicos.

–No tenemos ningún elemento para decir que hay una actuación sistemática de la policía o de autoridades para brindarles seguridad, pero puede haber complicidad de individuos que por su propia función pública, sean policías o funcionarios, hacen más fácil el crimen.

–Pero, para que ocurra la trata ¿es necesaria protección policial?

–No necesariamente en mi opinión. Puede pasar aunque no tenga ninguna cobertura policial o de otro nivel. Una parte de la impunidad en esta problemática ha sido la falta de legislación: un delito que no tiene una tipificación en el Código Penal es muy difícil de combatir.

–En la investigación detectaron casos de mujeres reclutadas en el país para ser vendidas al exterior. ¿Es un fenómeno creciente?

–Ese esquema empezamos a verlo, pero no tenemos informaciones que nos indiquen un número importante de argentinas enviadas al extranjero. Sí, en cambio, hay paraguayas y brasileñas que son vendidas fuera de sus países. Argentina tiene evidentemente una posibilidad de explotación del mercado del sexo mucho más amplia y entonces absorbe muchas más mujeres.

–¿Quiere decir que en Argentina hay mucha demanda de prostitución?

–Acá hay mucha demanda.

–¿Qué papel le asigna al hombre que paga para tener sexo con estas mujeres casi esclavas?

–(Piensa) Algo habría que hacer para perseguir a los clientes también, es evidente. Pueden no saber toda la historia de esas mujeres, pero la probabilidad de que esas chicas con las que se están encontrando sean víctimas de explotación de algún tipo es casi del ciento por ciento. No sé cómo se pueden excusar los clientes. El número de víctimas menores de 18 años es importante. La experiencia de la OIM muestra que el 50 por ciento son menores o están en la franja de 16 a 21 años. Los que utilizan estos servicios no tendrían que tener impunidad. En todo el mundo la parte del cliente es la que falta abordar en la estrategia global contra la trata. Pero esto no pasa con la trata laboral, ya que los talleres ilegales son perseguidos. O quienes compran en esos talleres, como ocurrió aquí después del incendio en el taller textil de Caballito.

–¿Por qué cree que hay una gran demanda de sexo en prostíbulos en la Argentina?

–En parte es cultural. Aquí como en otras partes del mundo, y particularmente en América latina, hay una naturalización de la prostitución. Mientras haya demanda va a haber business. Si el mercado empieza a desaparecer del otro lado van a empezar a hacer otra cosa.

–¿Cuánto dinero mueve la trata de personas para explotación sexual?

–La estimación que tenemos es que un proxeneta tiene una ganancia neta de 13.000 dólares al año por mujer. Es una ganancia muy importante con una inversión muy baja. Si contamos que tiene diez mujeres, que es un número reducido, gana 130 mil dólares. En América latina se estima que el volumen global de ganancia es de alrededor de 16.000 millones de dólares por año, es casi la mitad de lo que se estima que genera globalmente la actividad. Se disputa el segundo lugar con el tráfico de armas, como el negocio ilegal que más dinero mueve después del narcotráfico. La ventaja que tiene es que la logística y la inversión son mucho menores. Y hay conexión además entre el tráfico de drogas y el de seres humanos: varias veces las víctimas de trata son reclutadas para traficar droga.

–¿Han detectado en Argentina ese vínculo?

–Aparte de algunos casos que han salido en los periódicos, no hemos detectado un tráfico específico, así como no hemos detectado tráfico de personas para extraerles los órganos, que sí encontramos en otras partes como en Brasil. Esto no significa que estemos tranquilos: en primer lugar, porque tal vez esté ocurriendo pero no lo hayamos descubierto; en segundo lugar, porque no necesariamente esto signifique que no va a desarrollarse mañana. Este delito ocurre en situaciones de marginalidad, pobreza, entonces hasta que este contexto mejore hay un riesgo potencial para que se lleve a cabo.

–¿Qué opina del proyecto impulsado por el Gobierno con media sanción del Senado que tipifica el delito de trata de personas?

–El hecho de que lo tipifica como delito federal y con todos los criterios del Protocolo de Palermo (el Convenio de la ONU para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños) es un avance importantísimo y tenemos que felicitar al Gobierno y a todos los que han trabajado, tanto legisladores como sociedad civil, para que se avance en una ley. Una vez que se sancione, Argentina será el primer país del Cono Sur que legisle el tema. Sin embargo, hay algunos aspectos de la normativa que se pueden mejorar.

–¿Cuáles?

–Un punto importante para completar es la creación de un programa nacional de asistencia a la víctima. Hay que entender que estamos ante personas que han sido puestas bajo condición de explotación, muchas veces con violencia de distinto tipo como física y moral, no son víctimas de un robo y necesitan un trabajo de recuperación prolongado y multidisciplinario que contemple la reinserción en el mundo del trabajo o en la educación, porque muchas de las víctimas son menores.

–Una de las críticas que se le hacen al proyecto es su definición de trata de personas, porque obliga a probar, en el caso de mayores de edad, que haya habido amenaza o coacción para el reclutamiento.

–El proyecto toma la definición, palabra por palabra, del Protocolo de Palermo. No hay duda de que respeta los estándares internacionales. Pero la experiencia en otras partes del mundo, como en Colombia, ha demostrado que centrar la definición de la explotación en los efectos de la actividad criminal y no en el consentimiento que haya dado la víctima para su reclutamiento, hace más fácil la persecución del delito. Hay casos en que la víctima primero da una declaración ante la Justicia y después la cambia radicalmente, y resulta evidente que hubo una intervención, un momento de presión psicológica, de amenaza, que la hace modificar su testimonio. Este encuadre no sólo hace difíciles las cosas a la víctima, sino también a los fiscales, a la policía, a los que tienen que investigar el crimen. Es un delito que se comete sacando ventaja de la situación de vulnerabilidad de la víctima por sus condiciones de pobreza, y es evidente que les resulta muy fácil convencerla y obtener su consentimiento.

–¿Tal como está redactada la ley sería poco efectiva para combatir realmente a la trata de personas?

–No sé si será poco efectiva, pero sí sé que va a ser más difícil de probar el delito y por ende es necesario para garantizar la seguridad de las víctimas un programa de protección de testigos que tampoco está contemplado.

–¿A qué adjudica que se haya hecho hincapié en una definición que va a poner obstáculos en la lucha real contra este delito?

–No creo que sea una cuestión de ignorancia porque la gente que ha trabajado en la redacción tiene conocimientos y es competente en el tema. Tal vez se pensó que un texto copiado del Protocolo de Palermo podría ser más fácil de aprobar, ya que la Argentina lo aprobó y lo ratificó. En ese sentido no es una mala estrategia porque, reitero, el hecho de tener esa ley ya es un paso importante.