Su primera conquista cuando llegó a la Suprema Corte bonaerense fue que se colocara en un baño un cartel con la palabra “Damas”. Desde aquel momento, cuatro años atrás, su presencia en el máximo tribunal de la provincia ha dejado otras huellas de trascendencia en defensa de los derechos de las mujeres. “Cualquier mujer violada, y no sólo las que son idiotas o dementes”, tiene derecho a abortar de acuerdo con el Código Penal, sostiene Hilda Kogan, la única mujer integrante de la corte provincial, en momentos en que se espera un pronunciamiento del cuerpo a partir del caso de la chica marplatense violada y embarazada por su padrastro. En una entrevista con Página/12, Kogan analizó el debate jurídico en torno de la no punibilidad del aborto. Por otra parte, criticó duramente la gestión del gobernador Solá por los escasos fondos que destina a mejorar la infraestructura edilicia de la Justicia. “El sistema judicial está colapsado desde el punto de vista del presupuesto”, opinó la ministra y reveló que “hay lugares donde los secretarios están sentados sobre expedientes porque si ponen la silla no tienen espacio para moverse”.

Kogan llegó a la corte bonaerense en noviembre de 2002, de la mano de la UCR, aunque ella aclara que nunca fue radical. Viuda del encuestador de ese partido, Edgardo Catterberg, su nombre fue sugerido por Federico Storani. Hasta su designación se desempeñaba como jueza federal en lo Previsional. Por entonces era vicepresidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina (AMJA). Hoy no ocupa ningún cargo directivo, pero trabaja activamente en esa entidad para facilitar el acceso a la Justicia a las mujeres víctimas de delitos y a la vez allanar el camino para que un número creciente de magistradas desembarquen en tribunales superiores, donde el sexo femenino suele escasear.

–Haciendo un poco de memoria, ¿qué cambios provocó su llegada a una corte integrada desde su creación por varones?

–Lo que decían mis colegas fue que la llegada de una mujer provocó un cambio cultural en las reuniones de los acuerdos, en el sentido de cuidarse más con el vocabulario. No podría decir que sentí discriminación. Lo que si sentí es que tanto los empleados y los funcionarios como los mismos judiciables no preveían encontrarse con una mujer y eso quedaba de manifiesto en el lenguaje. El lenguaje general es en género masculino y cuesta bastante cambiarlo.

–Más allá del lenguaje, ¿hubo cambios en el abordaje de los temas?

–Sin dudas, estamos mucho más conscientes de los temas de género, de los casos de violencia doméstica y de menores. Ahora tienen otro tratamiento, se encaran con otro cariz. Las mujeres en la Justicia tienen una sensibilidad distinta de la de los hombres.

–¿Cómo analiza los últimos fallos que ratificaron la constitucionalidad del artículo 86 del Código Penal, que establece los casos de no punibilidad del aborto?

–Esta corte ha sacado fallos muy importantes desde el punto de vista de los derechos de las mujeres. Hace tres años se autorizó la inducción al parto de una mujer con un feto que padecía anencefalia (N. de la R. : En 2001 la corte había rechazado un caso similar), en 2005 se dio permiso para un aborto terapéutico de una mujer que tenían cuatro hijos, era obesa y tenía una cardiopatía congénita. Esa sentencia salió favorable con una mayoría casi absoluta. Desde ahí mis colegas, y eso se puede ver en otros fallos, siguen muy de cerca las líneas de las convenciones internacionales de derechos humanos y están muy atentos en cada caso particular. En el caso de LMR (el de la joven discapacitada mental de Guernica violada por su tío) el fallo salió de hecho 6 a 3, pero los votos de los miembros de la Corte cinco fueron favorables, porque los otros eran de conjueces. Es decir, de los integrantes del tribunal uno votó en contra de autorizar el aborto de esa joven. No obstante, la única que avanzó más allá del caso particular fui yo. En esa sentencia dije que no sólo se encuadraba en el inciso 2º del artículo 86, es decir, por ser una mujer discapacitada mental violada, sino que también le cabía la no punibilidad prevista en el inciso 1º del mismo artículo, siguiendo la teoría de Zaffaroni: cualquier violación atenta contra la salud, por lo cual en esos casos siempre es un aborto terapéutico.

–Es la misma línea del fallo de la jueza de Menores de Mar del Plata en el caso V. O.

–Exacto. Yo entiendo que la no punibilidad alcanza a todas las mujeres violadas, no tienen que ser dementes para tener ese derecho. También en ese fallo entramos en una gran discusión que existe en torno de la interpretación del artículo 4º del Pacto de San José de Costa Rica, cuando dice que la defensa de la vida desde la concepción debe ser en general. Lo que decimos es que ese “en general” fue puesto para que puedan entrar a esa convención países como el nuestro, que ya tenían desde antes la posibilidad del aborto en el artículo 86 del Código Penal.

–¿Por qué persisten tantos prejuicios en la Justicia a la hora de ocuparse de casos de mujeres víctimas de violencia?

–Nosotros estamos trabajando mucho en capacitación. Pero siempre a la primera que se cuestiona es a la Justicia: “No hay acceso a la Justicia, no hay respuesta de la Justicia”, se suele escuchar. El problema es que la Justicia sola no puede hacer nada. Si se tiene que excluir a una mujer y a sus hijos por un tiempo de su hogar y no se tiene adónde mandarla, si no hay recursos para pagarle un hotel por tres días, qué pueden hacer los jueces. Algunas juezas ponen de su bolsillo el dinero. Si no hay un acompañamiento del Ejecutivo, con la apertura de casas de refugio para víctimas de violencia, con posibilidad de contención para las mujeres y sus hijos, es lo mismo que nada.

–¿Es necesario un nuevo marco legal para combatir la trata?

–Un apoyo legislativo siempre ayuda. De cualquier manera, los jueces podemos ser meramente interpretadores muy puntuales de la ley o lo que ahora se denomina un juez activo: tratar de poner voluntades en la ley, y no ser totalmente rígidos. Por ejemplo, se puede recurrir a convenciones internacionales que ahora es derecho positivo y constitucional. Eso tiene que ver con la actitud de cada uno de los jueces.

–Un reciente informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) sobre trata de mujeres en el país señaló deficiencias en la Justicia en la persecución de ese delito. ¿Cómo ve usted la situación?

–Ese es un tema que a nosotros nos es muy caro. Desde la Junta Federal de Cortes tenemos organizado desde hace ya tres años seminarios a los que concurren los jueces de menores de todas las provincias porque hemos visto que no había ningún tipo de coordinación entre las provincias a la hora de atacar ese delito. No sólo tenemos casos de trata para la prostitución, sino también para las adopciones ilegales. A la provincia de Buenos Aires nos traen niñas que vienen de Paraguay embarazadas para parir acá y entregar el bebé acá. Y después las chicas se vuelven.

–¿Está colapsada la Justicia de la provincia?

–Depende de los niveles de organización de cada tribunal. Hay tribunales que están prácticamente al día. El caso que todo el mundo comentó es el del 2 de Quilmes, que estaba dando audiencias para el 2013, pero es el único en esa situación. Es otra cosa la que está pasando.

–¿Qué es lo que está pasando?

–No creo que haya desborde del sistema, lo que sí creo es que el sistema judicial está colapsado desde el punto de vista del presupuesto, porque hay un gran nivel de trabajo, pero no hay condiciones edilicias para llevarlo adelante en forma eficiente. Si te tenés que mover en espacios que no son adecuados, si tenés que tomar una audiencia en el mismo ámbito que trabajan los empleados, es muy difícil trabajar con eficiencia. Hay lugares donde los secretarios están sentados sobre los expedientes porque si ponen la silla no tienen espacio para moverse: el tema es muy serio.

–¿En cuánto debería aumentarse el presupuesto?

–El cálculo está hecho pero yo no manejo la cifra. Ya está pedido un aumento. No existe sólo la necesidad de crear nuevos organismos, sino también la designación de más personal. Pero sobre todo no hay una infraestructura adecuada. En la mayoría de los lugares tenemos que salir a alquilar casas, que son poco aptas para el desarrollo de la tarea judicial. No tenemos edificios propios. Ese es uno de los temas que más perturban el buen funcionamiento. Cada vez que viajo a algunas provincias me muero de envidia. Salta tiene una ciudad judicial espectacular, que estrenó hace dos años.

–¿Qué respuesta da el gobierno bonaerense?

–Este año el presupuesto para infraestructura fue más amplio, pero de ninguna manera alcanza para lo necesario, entre otras cosas porque en diciembre de 2007 empieza a funcionar el nuevo sistema de juzgados de familias y juzgados de menores, donde va a hacer falta muchísimas infraestructura.