En su informe anual, difundido ayer en Viena, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) exhortó a los gobiernos a que apliquen las leyes en forma proporcionada cuando se trate de procesar a los autores de delitos relacionados con las drogas. En ese sentido se afirmó que la junta observó que muchos países han avanzado en el tema, mientras que otros “siguen haciendo esfuerzos desproporcionados, concentrándose en los delincuentes menores y los consumidores de drogas, en vez de abordar cuestiones más acuciantes como descubrir, neutralizar y castigar a los que controlan u organizan actividades de narcotráfico a gran escala”. El organismo dependiente de la ONU resaltó la necesidad de “aplicar a las personas narcodependientes medidas sustitutivas al encarcelamiento”, como ser “el acceso a programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción”. La JIFE apuntó que no seguir estas recomendaciones “puede socavar los esfuerzos por aplicar efectivamente los mismos tratados que se procura hacer cumplir con esas leyes”.

El organismo precisó que los tratados de fiscalización que están bajo su custodia “promueven y facilitan respuestas proporcionadas” de parte de los Estados frente a los delitos relacionados con drogas, aunque “sólo se establecen normas mínimas”. Esa orientación “no plantea problemas cuando se trata de sancionar el tráfico de drogas a gran escala”, pero en cambio “no existe un ‘instinto moral’ universal sobre lo que está bien o está mal cuando se trata de imponer castigo en los casos menos graves”. Por eso cuestiona que haya Estados que “imponen pena de prisión incondicional a los toxicómanos por delitos menos graves, por ejemplo la posesión o adquisición de drogas para consumo personal”. Por tales razones, “esos infractores, por lo general, constituyen una proporción considerable de la creciente población carcelaria de algunos países”.

Al analizar la situación en América del Sur, la JIFE sostuvo que estudios recientes determinan que “sigue aumentando el abuso de cocaína”. Esto llevó a que “casi el 50 por ciento de los drogadependientes que siguen un tratamiento abusan de estupefacientes del tipo de la cocaína y el 26 por ciento de ellos abusan del cannabis”. En la región se ha incautado “un volumen de cocaína que representa alrededor del 40 por ciento de la fabricación ilícita mundial de esa droga”.

Respecto de Argentina se afirmó que se advierte –junto con Brasil– que disminuye la edad de los que consumen drogas. “En la Argentina, el consumo de ‘paco’ (pasta de coca), forma de cocaína sumamente adictiva, ha aumentado de manera considerable durante los dos últimos años.” Se mencionó en el informe que “suelen consumir esa sustancia los jóvenes, incluso niños de 8 o 9 años de edad, de los barrios pobres de Buenos Aires”, mientras que en Brasil aumentó el uso del crac “especialmente por parte de las personas de bajos ingresos de las zonas urbanas”.

Por otro lado, la junta instó a los gobiernos a que presten “la debida atención a los casos de abuso de drogas por parte de figuras públicas famosas”. En ese punto se recordó que “el hecho de que haya personajes famosos que ‘aprueben’ los estilos de vida relacionados con las drogas reviste especial importancia cuando se intenta disuadir a los jóvenes de que las consuman, ya que la juventud suele ser la más vulnerable al culto de la fama y al glamour que la rodea”.

Sobre ese punto, el informe puntualizó, además, que aunque es obvio que el famoso que consume drogas “está infringiendo la ley”, los jóvenes “pueden prejuzgar (...) que esos infractores son tratados con indulgencia y reaccionar en consecuencia”. Esta situación “suscita dudas sobre la imparcialidad del sistema de justicia y podría socavar iniciativas sociales más amplias encaminadas a reducir la demanda de drogas”.

Afganistán es uno de los países donde más se incrementó el problema de la droga. Es en esa zona del mundo donde se sigue “consiguiendo con facilidad anhídrido acético, principal producto químico utilizado para la fabricación ilícita de heroína”. Las sustancias de origen afgano llegan a Pakistán y a países del Asia Central, donde “el tráfico a gran escala redunda en delincuencia organizada, corrupción y una elevada demanda ilícita de opiáceos”, hecho que “pone en grave peligro los objetivos de los tratados de fiscalización de drogas”.

El organismo estimó que “el 88 por ciento de la cocaína que ingresa en los Estados Unidos pasa por América Central y el 40 por ciento de la que ingresa en Europa pasa por el Caribe, transportada principalmente por aguas del Caribe y el Pacífico”. En Estados Unidos, además, 6,4 millones de personas “abusan de medicamentos de venta con receta que contienen sustancias” prohibidas. La junta exhortó al gobierno del Canadá a que “suprima programas como el de suministro de ‘equipos más seguros’ para fumar crac, que comprenden la boquilla y el filtro de la pipa, aprobado por la Dirección de Salud de la Isla de Vancouver, ya que esos programas contravienen” lo establecido en la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas del año 1988.