El ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos, Aníbal Fernández, pidió en la 51ª Sesión Extraordinaria sobre Consumo de Drogas y Narcotráfico de la ONU en Viena terminar con “un sistema que atrapa al consumidor y lo criminaliza sin darle tan siquiera el derecho a la salud”, aunque aclaró que “no es posible despenalizar si antes el Estado no asegura una red social, de salud y laboral que contenga a los más vulnerables”. El funcionario también aseguró que su presencia en la cumbre “es un símbolo de la importancia que la presidenta electa le da a este tema”.

Fernández llevó ante la ONU la nueva política sobre drogas que instauró el Gobierno en junio del año pasado y fue revelada en su momento por Página/12. Durante su discurso, el ministro apoyó la óptica de reducción de daños, que prevalece en la Unión Europea, y que plantea el derecho a la salud por sobre la criminalización del consumidor de drogas. “Si no se puede curar una enfermedad, es justo paliar sus efectos adversos”, expresó. Además, adelantó que el gobierno va a revisar las normas vigentes. A diferencia de Brasil o Uruguay, Suiza, en la Argentina se siguió el enfoque represivo impulsado por Estados Unidos “persiguiendo al que tiene un problema de salud igual que al traficante; esto no puede seguir así y no va a seguir así”, prometió Fernández. La sesión estuvo presidida por Eugenio Curia, embajador argentino en Austria.

“Es necesario cambiar las convenciones vigentes porque el mundo es otro. El paco está haciendo estragos. Debemos dejar de ser hipócritas: los jóvenes también se enferman por el consumo de alcohol y las pastillas, a las que acceden libremente, y los criminalizamos por la tenencia de un cigarrillo de marihuana”, continuó el ministro. Entre las recomendaciones que hizo durante su discurso primó el concepto de “equilibrio”, tanto en la supervisión y represión del sistema de producción y distribución de sustancias con fines médicos y científicos como de las sustancias fiscalizadas. También habló de equilibrio respecto “al derecho a la salud y al mejoramiento de la calidad de vida por un lado, y el principio de ‘proporcionalidad’ entre las infracciones o delitos según los países y el sistemas de sanciones, por el otro”.

Actualmente, el narcotráfico es el negocio más rentable después de la venta ilegal de armas y mueve más dinero que el presupuesto que los estados destinan a las Naciones Unidas para combatirlo. “En ese aspecto no sólo no se ha avanzado en el mundo, sino que las organizaciones criminales han crecido sin igual y no hemos estado a la altura de las circunstancias”, evaluó el ministro. Tal como le anunció a Página/12 el año pasado, Fernández citó los datos del Poder Judicial, donde el 80 por ciento de los casos que llegan a la Justicia son por consumo, “de los que casi la totalidad prescriben sin que reciban tratamiento médico”, agregó.

“En mi país, desde que se sancionó la ley de drogas hasta el año pasado, no hay una sola condena sobre lavado de dinero y sólo dos causas sobre narcotráfico llegaron a juicio oral durante el año 2006”, reconoció el ministro. En este punto, explicó, hace falta controlar los posibles nichos de corrupción y sobre todo: “Mejorar la inteligencia de nuestras fuerzas para que los jueces tengan casos importantes. Y allí sí que se comprometan a aplicar la ley con eficiencia”.