La ciudad de Buenos Aires deberá esperar para tener su policía, pero al menos contará con un Cuerpo de Agentes de Control de Tránsito y Transporte, con el respaldo de una ley que la Legislatura aprobaría hoy. De esta manera, los 600 agentes que Mauricio Macri sacó a la calle para labrar actas por infracciones de tránsito desde mediados de febrero tendrán carácter legal, lo mismo que las multas labradas por ellos. El cuerpo había sido creado por un decreto del Ejecutivo, lo que –según la oposición– haría cuestionable la legalidad de las infracciones. De acuerdo con la nueva norma, será un cuerpo civil, uniformado y sin armas, cuyos integrantes, además, tienen la atribución de pedir la licencia de conducir y la documentación del vehículo a automovilistas y choferes, pero no podrán detener o demorar a los infractores, para lo cual necesitarán el auxilio de la Policía Federal.

Ayer, diputados de casi todos los bloques, integrantes de cuatro comisiones, le dieron el respaldo al proyecto que habían presentado los kirchneristas Silvia La Ruffa y Pablo Failde. El proyecto será tratado en la sesión de hoy y todo indica que será aprobado.

El cuerpo de agentes, en realidad, no es nuevo, sino que tiene una controvertida historia: es la continuación de la Guardia Urbana, creada por Aníbal Ibarra, y convertida en febrero pasado en cuerpo de agentes de tránsito, creado por decreto de Macri y su ministro de seguridad, Guillermo Montenegro.

De acuerdo con la ley que se sancionaría hoy, los agentes tendrán, entre otras atribuciones, las de “ordenar y dirigir el tránsito, ejercer el control del estacionamiento, prevenir y hacer cesar la comisión de faltas y contravenciones de tránsito peatonal y vehicular”.

El proyecto cuenta con el aval de las comisiones de Seguridad, Tránsito y Transporte, Presupuesto y Justicia. La norma ordena que los agentes deben estar presentes en las calles porteñas las 24 horas, tendrán un uniforme particular y no portarán armas. Para realizar los controles de alcoholemia, por ejemplo, deberán requerir del apoyo de la Policía Federal.

“Serán necesarios entre 2000 y 2200 agentes”, estimó la diputada La Ruffa, presidenta de la Comisión de Seguridad de la Legislatura. “El objetivo de la norma es darle al cuerpo la legalidad que no tuvo para ejercer tareas de fiscalización del tránsito: cuando gane autoridad en la calle, se va a poder liberar a la policía, que hoy realiza tareas de control de tránsito, para dedicarse a la seguridad”, destacó la legisladora.

Failde, otro de los promotores del proyecto, había presentado días atrás un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto de Macri que puso en funcionamiento al nuevo cuerpo. “Las actas labradas desde el 11 de febrero y hasta que entre en vigencia la nueva ley, son de dudosa legalidad”, estimó el diputado.

Por su parte, el titular de la Comisión de Tránsito y Transporte del Legislativo, el macrista Daniel Amoroso, consideró que la ley “va a ayudar al ordenamiento del tránsito, que en los últimos tiempos ha entrado en crisis en la Ciudad de Buenos Aires”. “Estamos creando un cuerpo de agentes capacitados especialmente para esta tarea”, afirmó.