El proyecto de ley que contempla la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Vial, la unificación de la entrega de registros de conducir y la puesta en marcha del scoring en todo el país se trataba anoche en Diputados, que se aprestaba a darle sanción, aunque con modificaciones, por lo que deberá regresar al Senado para que sean puestos a consideración esos cambios. Si la Cámara alta transforma el texto en ley, se creará una Agencia de Seguridad Vial, que se encargará de emitir licencias, controlar el pago de infracciones y aplicar el sistema por puntaje. Además, se crearía una retención del uno por ciento a la emisión de pólizas de seguro para financiar a esa Agencia.

De ser aprobado, el proyecto viajará de vuelta al Senado, para su sanción definitiva, a menos que la Cámara alta desestime los cambios realizados en Diputados. Promovido por el gobierno nacional en el marco de una pacto federal convenido el año pasado, el texto contempla la creación de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que estará conformada por una dirección, un consejo político formado por todos los ministros, otro ejecutivo que integrarán las fuerzas de seguridad vial y otro consultivo compuesto de ONG que trabajan las problemáticas viales. La Agencia deberá centralizar la emisión de las licencias de conducir, garantizar el pago de multas y castigos y poner en marcha un sistema único de registro por puntaje o scoring.

En cuanto a la cuestión presupuestaria, a 100 millones de pesos ascienden los fondos que la Agencia tendrá en su primer año, 60 de los cuales se prevén en concepto de recaudación por el impuesto del uno por ciento a la emisión de pólizas de seguros, que se crea en ese texto y, en principio, sería abonado por las compañías. Pero los legisladores de la izquierda ya denunciaron que, al fin de cuentas, lo pagará el usuario.

El escrito original había conseguido un amplio consenso general entre los diputados nacionales, pero contenía aspectos particulares que no cerraban para algunos y fueron debatidos y, oportunamente, modificados. El principal es el referente a la educación vial, un aspecto no contemplado ni regulado en el escrito original, pero también asomaron otras críticas: el hecho de que los municipios puedan seguir expendiendo licencias intrajurisdiccionales, el triunvirato de concejos y su adosada burocracia y la falta de lugar para el tratamiento de políticas de infraestructura.

El proyecto corregido deberá volver al Senado, por donde había ingresado, donde buscará la otra media sanción que lo convierta en ley.