La Justicia española y su funcionamiento quedaron en el centro de una polémica tras el asesinato de una niña en Andalucía (al sur del país) por un pederasta sobre el que pesaban dos condenas de prisión que nunca se ejecutaron.

La vicepresidenta del gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, habló de un “trágico error judicial”, durante una rueda de prensa posterior al semanal consejo de ministros español. Ante las preguntas de los periodistas, dijo que se inició una investigación para “esclarecer” este asunto, a fin de que “todo el peso de la ley recaiga sobre los responsables”.

El escándalo saltó tras la detención el martes de una pareja de Huelva, en la que el marido, Santiago del Valle, es sospechoso de ser el secuestrador y asesino de Mari Luz Cortés, una niña gitana cuyo cadáver fue encontrado el 7 de marzo, tras 57 días de rastreo en toda la región. Entonces se comprobó que sobre este último, que vivía en el mismo barrio que la niña, pesaban dos condenas firmes de prisión total de cinco años por dos agresiones sexuales a menores, una de ellas su propia hija.

Sin embargo, estas penas dictadas en 2002 y 2005 nunca se ejecutaron tras una serie de fallos que la investigación administrativa puesta en marcha intenta esclarecer.

Según los medios, estas condenas ni siquiera aparecían en la computadora de la policía que lo había detenido por primera vez en enero como sospechoso en el marco de la investigación sobre la desaparición de la niña, antes de volver a ponerlo en libertad por falta de pruebas.

El jueves, unos 500 amigos y familiares de Mari Luz, que reclamaban justicia, se enfrentaron con la policía desplegada alrededor del tribunal de Huelva, donde el presunto asesino, que presenta problemas mentales, fue interrogado y después encarcelado.

De la Vega descartó la apertura de un debate sobre un endurecimiento de las penas de prisión para los asesinatos cometidos por pedófilos, considerando que la prioridad es impedir que se vuelvan a producir fallas en órganos judiciales y policiales.