El juez Roberto Gallardo dispuso la clausura del centro de evacuados del Parque Roca, donde se alojan decenas de familias evacuadas de la Villa Cartón, que se incendió en febrero del año pasado. La medida cautelar implica la “prohibición de nuevos ingresos de personas o familias a dicho centro de evacuados”. Y dispone además que el gobierno porteño “provea de los servicios mínimos” a las personas alojadas en ese centro de evacuados, entre ellos “agua potable”, “atención a la salud”, el “funcionamiento de los comedores comunitarios” y la “escolarización de las personas menores de edad”.

La medida dictada por Gallardo responde al pedido de un defensor oficial y dos asesores tutelares, ante el incumplimiento por parte del Estado de una medida judicial anterior que disponía dar solución a la precaria situación de vida de los habitantes en el centro de evacuados.

El incendio de la villa ocurrió en los primeros días de febrero de 2007. El fuego destruyó las viviendas precarias, ubicadas bajo la autopista AU7, de Villa Soldati, y sus habitantes fueron trasladados por el gobierno a un sector del Parque Roca, junto al Riachuelo, en forma precaria, hasta que el Instituto de la Vivienda de la Ciudad (IVC) construya las definitivas. Algunos de los damnificados aceptaron irse, a cambio de un subsidio otorgado por el gobierno. Las 220 familias que se quedaron habitan en viviendas sin agua ni sistema cloacal, sin atención médica ni vigilancia policial. A ellas, denuncian los vecinos, se habrían agregado luego otras 60 familias, que no son habitantes originales de Villa Cartón.

Por esa razón, Gallardo ordenó clausurar el Centro de Evacuados “implicando ello la prohibición de nuevos ingresos de personas o familias”. También dispuso que en un plazo de cinco días el gobierno porteño y el IVC presenten al juzgado “un relevamiento de las personas y familias que habitan el centro de evacuados”, precisando si pertenecían originalmente a Villa Cartón o a otro asentamiento.

El juez ordenó además al Ejecutivo que ponga a disposición de los habitantes del centro de evacuados “el subsidio previsto para las personas que así lo requieran”, las cuales “deberán retirarse de inmediato del centro de evacuados, informando el nuevo domicilio, sin que ello implique renuncia del derecho a la vivienda definitiva”. La construcción de esas viviendas definitivas está demorada.

La resolución de Gallardo responde a una presentación conjunta del defensor oficial Fernando Lodeiro Martínez y de los asesores tutelares Gustavo Moreno y Laura Musa, a fines de julio de 2007. Los tres funcionarios representaban a los vecinos Rosalva Medina Benítez, María Ester Martínez y Juan Carlos Díaz, quienes resolvieron iniciar un recurso de amparo ante las demoras del Estado en resolver la situación de los damnificados.

En función de este pedido, Gallardo hizo lugar al amparo y a la medida cautelar solicitados. En ese contexto, intimó al gobierno porteño y al IVC, “bajo apercibimiento de imponer sanciones pecuniarias a los responsables del incumplimiento” a que provean de servicios mínimos al centro de evacuados creado en Parque Roca, entre ellos “provisión permanente de agua potable”, “atención médica”, “suministro de alimentos a los comedores”, “provisión de medios de transporte” para garantizar la escolarización de los niños y adolescentes y emplazar un destacamento policial para garantizar la seguridad del lugar.