La titubeante y contradictoria declaración del sacerdote Julio Grassi, supuesto testigo de cargo, hizo que el de ayer fuera un día de jolgorio para los directivos de la firma Hard Communication, acusados de “defraudación por administración fraudulenta” de un concurso televisivo realizado en 1997 en el programa de Susana Giménez. Los empresarios Jorge Born, Federico Quirno y Roberto Engels, junto con el novio de Susana, Jorge “Corcho” Rodríguez, virtualmente festejaron la para ellos casi segura absolución, según se desprendía de sus comentarios. Y no exageraban, porque el propio Grassi reconoció que la liquidación que recibió, por un monto de 1.080.000 pesos, “era la correcta, según dijo el contador” que lo representó en las negociaciones “extrajudiciales”. Ni los jueces ni el fiscal llevaron a fondo el tema que había sido señalado como crucial durante la instrucción: ¿es legal que a Grassi le hayan pagado el 7 por ciento de los 15 millones recaudados o debía recibir más de 7 millones de pesos, como surge de un decreto ley vigente en esos años? El interrogante sigue abierto.
Tan errática fue la actitud de Grassi ante los jueces que sus propios asesores, al ser consultados por Página/12, estimaron que “los directivos de Hard van a ser absueltos”. El fiscal Eduardo Marina le preguntó varias veces a Grassi: “¿A usted lo presionaron para que firmara el acuerdo extrajudicial? ¿Lo engañaron? ¿Abusaron de su confianza? Después de pronunciar una serie interminable de “ni”, el cura dijo que estaba “satisfecho por el acuerdo alcanzado”, pero su manifestación se mantuvo dentro del anodino tono general. La alegría de los cuatro imputados se tradujo en risotadas cuando, junto con sus abogados, Oscar Salvi y Carlos Novak, se dirigieron hacia el baño, ubicado en el entrepiso superior del piso diez del edificio de Lavalle 1171, donde funciona el Tribunal Oral número 19 que los está juzgando.
Insaciable, Jorge “Corcho” Rodríguez parecía querer un poco más de sangre: “Yo soy católico y me da vergüenza que un cura mienta tanto”, dijo el novio de Susana una vez que estuvo fuera del recinto, pero eludió explicar a qué se refería. La declaración de Grassi había sido más que conveniente para ellos y del comentario de Rodríguez se deduce que deben haber sido muy tensas las negociaciones entre las partes. Estas comenzaron a mediados de 1998, luego de una escandalosa denuncia pública del por entonces muy decidido sacerdote. “Esto tenía que terminar”, se justificó Grassi al salir y juró que en adelante “nunca más” prestará el nombre de la Fundación Felices los Niños para un concurso benéfico televisivo.
A la confusión que aportó Grassi le sumó lo suyo el perito contador Ricardo Madrid. Al hacer el recuento de cómo se repartieron los 15 millones recaudados –las llamadas totalizaron 18 millones, pero tres millones nunca pudieron ser cobradas a los clientes morosos por las telefónicas–, dejó sin rendir un monto cercano a los dos millones. Madrid confirmó que se pagaron 6,5 millones en premios, 2,5 en publicidad, 1,6 a las telefónicas, 1,1 se llevó la empresa de auditexto Telinfor y unos 400 mil pesos se repartieron entre la ex Comisión Nacional de Comunicaciones y la Secretaría de Desarrollo Social. Grassi, supuesto beneficiario, cobró por derecha apenas 400 mil pesos y luego recibió una “donación” de 680.000 pesos, en un intento de Susana Giménez por parar el escándalo.
Todo suma poco más de 13 millones, cuando se cobraron 15. Nadie trató de saber quién se había llevado el billete ganador con el premio fantasma. Los jueces lo intentaron y no hicieron más que poner en aprietos al perito, que tardó minutos en comprender una simple suma cuyo monto total era de 638.868 pesos. Eso fue lo que cobraron los directivos y el personal de Hard en 1997. La cifra no figuraba en el balance del contador. Nadie explicó ni preguntó por qué. El ex funcionario de Desarrollo Social Juan Pardo se limitó a decir que el decreto 7342/65, que fijaba que el 50 por ciento de las colectas debía ser destinado a la entidad de beneficencia,”era imposible de aplicar” en el concurso de Susana. Ese decreto, que en mayo de 1998 fue reemplazado por otro más austero todavía, decía que Grassi tenía que haber cobrado 7 millones de pesos, pero el tema no parece ser motivo de este juicio.