Funcionarios bonaerenses, legisladores y organismos de derechos humanos denunciaron ayer que la policía provincial utiliza prácticas de eliminación de personas similares a las empleadas durante la última dictadura militar, como las ejecuciones y los crímenes por gatillo fácil. Del mismo modo, advirtieron que “la proliferación de la tortura y del hacinamiento carcelario” en el ámbito bonaerense “constituyen prácticas de terror” que recuerdan a los métodos usados por las fuerzas de seguridad entre 1976 y 1983. La denuncia está contenida en un documento entregado a los miembros de la Suprema Corte de Justicia bonaerense en el que alertan sobre “los gravísimos desbordes en el ejercicio de la coacción estatal que se producen en la provincia”.
El texto fue entregado ayer al máximo tribunal provincial por Estela Carlotto, de Abuelas de Plaza de Mayo; Laura Conte, del CELS; el juez de la Cámara Federal de La Plata, Leopoldo Schiffrin y el senador del Frepaso Eduardo Sigal. Fue firmado, además, por el viceministro de Seguridad bonaerense, Marcelo Saín, en cuya órbita está la cuestionada policía; el secretario de Derechos Humanos Jorge Taiana; el Premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel y el fiscal general de Bahía Blanca, Hugo Cañón.
“La represión de hechos delictivos es en sí legítima, cuando se la efectúa por medios legítimos, mientras que el ‘gatillo fácil’, las ‘ejecuciones’ con sello policial, la proliferación de la tortura y del hacinamiento carcelario, constituyen prácticas de terror” que “recuerdan métodos que caracterizaron la dictadura de 1976-1983”, denunciaron.
–¿Cómo se explica que denuncie una situación que involucra a sus subordinados? –le preguntó Página/12 a Saín.
–No tiene nada de extraño. Sucede que en la Argentina no es habitual que un funcionario diga la verdad, pero éste es el diagnóstico real del accionar policial.
El viceministro destacó que la gestión encabezada por Juan Pablo Cafiero está implementando un plan para revertir este “diagnóstico” a través de la modificación del trabajo policial tanto en la faceta preventiva como de investigación. “Se requiere tiempo y apoyo político” para cambiar esta situación, aclaró. “Estos abusos no sólo responden a un agente delincuente. Algunas prácticas, como los apremios en los interrogatorios, han sido históricamente moneda corriente en la fuerza”, agregó.
En el documento elevado a la Suprema Corte, los funcionarios y organismos de derechos humanos exigieron también el “pronto tratamiento” de un proyecto de reforma de la ley de excarcelaciones “para combatir el hacinamiento en cárceles y comisarías”. Esa normativa fue sancionada a fines de 2000 a instancias del ex gobernador Carlos Ruckauf. “En aquel momento había menos de 15.000 presos, hoy hay más de 25.000. Pero las cárceles de la provincia están atestadas de delincuentes leves, primarios y los graves están libres. Modificar la ley sería una vuelta a la razón”, consideró Schiffrin en diálogo con este diario. “La violencia institucional cae mayoritariamente en los sectores más débiles y desposeídos de la población, mientras todavía quedan impunes el genocidio de la dictadura, y los terribles delitos contra el patrimonio del Estado y el bienestar común, cometidos en los últimos 25 años”, advirtieron en el texto conjunto.
El grupo reclamó además, tenga continuidad el Banco de Datos sobre la Tortura al que consideraron virtualmente desmantelado dos meses atrás por el procurador general de la Suprema Corte, Matías de la Cruz. Al respecto, los miembros del máximo tribunal provincial se comprometieron a defender el funcionamiento del organismo. Desde su creación, dos años y medio atrás, el Banco logró reunir datos de 1430 denuncias de tortura y otros tratos o penas crueles en cárceles y comisarías. “Propiciamos que se forme un comité contra la tortura que se ocupe del seguimiento de las denuncias, que tenga representación gubernamental, del Ministerio de la Defensa Pública y de ONG”, explicó Schiffrin. El camarista consideró que en lasprisiones “hay muchas muertes cuanto menos sospechosas que no se explican sino como homicidios. Esta situación unida al gatillo fácil y a las muertes en comisarías muestran un panorama aterrador. Si algo pone en jaque a la seguridad es eso: cualquier ciudadano puede ser víctima de una acción policial descontrolada”, concluyó.