SOCIEDAD › CAMPAÑA DE LA CHA POR LA DEROGACION DE NORMAS DISCRIMINATORIAS
Militantes de la organización reclaman modificaciones en los Códigos de Faltas de diez provincias, entre ellas Buenos Aires, en las que se penaliza a las personas “que se vistan con ropas del sexo contrario”.
“En Mendoza están aplicando el Código de Faltas con mayor intensidad que en otras provincias. A cualquier chica travesti que es detenida le hacen un análisis de enfermedades de transmisión sexual. Si el test da valores altos de virus, la detienen por 45 días para aplicarle penicilina”, denunció Cesar Cigliutti, presidente de la Comunidad Homosexual Argentina (CHA). Por casos como ése, la CHA ayer lanzó una campaña para reclamar la derogación de artículos que penalizan y criminalizan a homosexuales, travestis y transexuales todavía vigentes en los Códigos de Falta de diez provincias del país. “Existe un sustrato fóbico que señala a esas personas a causa de algún rasgo diferencial de su identidad”, comentó Cigliutti.
La organización les pidió ayer a través de cartas a los gobernadores de las provincias cuestionadas y a sus ministros de Gobierno y a diputados y senadores nacionales que modifiquen esas normas represivas y discriminatorias. Además, en el marco de la Campaña nacional por la derogación de los Códigos de Faltas y Contravencionales en diez provincias de Argentina, la CHA presentó una nueva edición del informe “Situación jurídica y de ciudadanía de gays, lesbianas, travestis, trans, bisexuales e intersexuales”.
El informe denuncia el caso paradigmático de Gabriela García, de 30 años, reina de la Vendimia Gay 2005, en Mendoza. Gabriela se había presentado en junio de 2006, en el Palacio Policial a tramitar un certificado de buena conducta y “fue detenida por el solo hecho de ser travesti”. La policía aplicó con severidad el artículo 80 del Código de Faltas y Gabriela pasó dos días detenida. “Las regulaciones más discriminatorias son aquellas que hacen referencia a sanciones para personas que exhiben públicamente ropas de otro sexo”, observó el titular de la CHA.
El informe y las cartas para exigir la derogación serán enviadas a los gobernadores de Buenos Aires, Daniel Scioli; de Catamarca, Eduardo del Moral; de Santa Fe, Hermes Binner; de Santiago del Estero, Gerardo Zamora; de Formosa, Gildo Insfrán; de La Rioja, Luis Beder Herrera; de Mendoza, Celso Jaque; de Neuquén, Jorge Sapag; de San Juan, José Luis Gioja, y Santa Cruz, Daniel Peralta.
Además, los petitorios fueron entregados a los ministros de Justicia y Seguridad, Aníbal Fernández, y del Interior, Florencio Randazzo. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde; la titular del Inadi, María José Lubertino, y el defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, también recibieron los documentos.
Uno de los casos de esas normas homofóbicas y represivas en el artículo 92 del Código de Faltas bonaerense que dice “será penado con multa entre 20 y el 60 por ciento del haber mensual del haber del agente de seguridad (...) el que en la vida diaria se vista y haga pasar como persona de sexo contrario”. Algo similar sostiene el artículo 101 de Catamarca –aprobado en 2000– que dice “el que se vistiere o se hiciere pasar por persona de sexo contrario y ocasionare molestias será reprimido con arresto de hasta 20 días corridos”.
Mientras, el artículo 98 del Código de Faltas formoseño castiga a “las personas de uno y otro sexo que públicamente o desde un lugar privado, pero con trascendencia al público, se ofreciesen a realizar actos sexuales, perversos o de homosexualismo o incitaren al público a su realización u ofreciesen realizar tales actos con prostitutas (...) serán reprimidas con arresto de cinco a treinta días”. Otro caso: en Santa Cruz, el artículo 55 sanciona a “las personas que en lugares públicos o de acceso público hagan manifiestamente proposiciones tendientes a prácticas homosexuales serán reprimidas con multas (...) o arresto de 15 a 50 días”. La campaña, enmarcada en el aniversario 24 de la CHA, además apunta a que la Ley Antidiscriminatoria incluya la segregación por orientación sexual e identidad de género; la sanción en el Congreso de la Ley de Unión Civil; el reconocimiento del género en la Cédula de Identidad y el DNI; y la inclusión de una perspectiva de orientación sexual y la identidad de género en la Ley de Educación Nacional, entre otros objetivos.
Informe: Esteban Vera.
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