La Justicia pampeana inició una investigación a partir de una denuncia de “reducción a la servidumbre y defraudación” de adolescentes que están en un internado católico y que involucra a dos curas españoles de la iglesia Catedral de Santa Rosa.

El abogado patrocinante de las familias denunciantes, Omar Gebruers, señaló que hay una denuncia penal, que investiga el juez Carlos Flores, contra los sacerdotes Antonio Martínez Racionero y Ricardo Latorre Cañizares.

Gebruers denunció que existe, por parte de los curas que pertenecerían a un grupo católico llamado Instituto Servi Trinitatis, una “reducción a la servidumbre” a los jóvenes que están internados en ese instituto, que funciona a pocas cuadras del centro de la capital provincial. Según el abogado, a los jóvenes “se les anula la voluntad para apropiarse del dinero”. La denuncia fue presentada por once familiares de algunas internas que habrían sufrido esos padecimientos y lograron salir de la secta.

El Instituto Servi Trinitatis tiene sede en Cuenca, España, y su director general es llamado padre Grati, aunque su verdadero nombre es Gratiniano Checa Colmena. También posee sedes en Venezuela, Lomas de Zamora y Santa Rosa.

Para ser miembros de este grupo, los aspirantes deben realizar “votos de pobreza, castidad, obediencia y fidelidad al Papa” y reclutan a jóvenes en su mayoría mujeres de entre 12 a 32 años, denunció. Gebruers denunció que al instituto, donde hay unas doce mujeres, “no pueden ingresar sus padres, no entran varones, sólo los dos curas que juzgan y castigan a las mujeres por supuestas inconductas, no les permite ingerir alimentos dulces para suprimir la actividad de una feromona que estimula la voluntad y tienen un cronograma de horarios”.

Gebruers denunció que “la mayoría de las chicas sufren trastornos de alimentación, desnutrición, debilitamiento físico y mental, gastritis, problemas intestinales y estomacales, todas tienen fobias, desvanecimientos y cefaleas, y deben acudir a tratamientos psicológicos y psiquiátricos de por vida”.

El abogado señaló que a eso se suma el “voto de pobreza, que implica ceder a sus superiores las tarjetas de débito y la clave de la cuenta en la que depositan sus sueldos y otros ingresos”. Por ello, los familiares de internos hablaron de “apropiación fraudulenta de bienes y dinero”.