El gobierno de Mauricio Macri decidió archivar la licitación del control de la publicidad en la vía pública, que había convocado a principios de año, con escasa difusión y que había cosechado un solo oferente y numerosos cuestionamientos. El anuncio fue formulado por el jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta, durante la extensa exposición que hizo en la Legislatura el lunes pasado, cuatro días después de que este diario hiciera pública la polémica licitación. De acuerdo con las críticas, la licitación parecía hecha a medida de la empresa Polledo, del grupo Roggio.

La controvertida licitación ponía en manos privadas el servicio de “Control y Gestión del Cobro de la Actividad Publicitaria” en la vía pública, una actividad que hasta ahora venía llevando a cabo el Estado y que podría reportar ingresos de alrededor de 10 millones anuales, según cálculos privados.

“Esa licitación fue archivada”, dijo Rodríguez Larreta, en respuesta a una pregunta formulada por el diputado Eduardo Epszteyn, presidente del bloque Diálogo por Buenos Aires. El propio Epszteyn había presentado un recurso de amparo para frenar la licitación, pero la Justicia no llegó a expedirse.

El proceso licitatorio no se había iniciado con esta gestión sino el 5 de noviembre de 2007, pocos días antes de que el entonces jefe de gobierno, Jorge Telerman, dejara su cargo. Pero la venta de pliegos y otros actos administrativos como la apertura del único sobre se concretaron durante esta gestión.

Epszteyn dijo anoche a PáginaI12 que presentará un pedido de informes para que el Ejecutivo “explique por qué impulsó esa licitación en esas condiciones”. Desde la Jefatura de Gabinete no dieron detalles de las razones por las que se suspendió la licitación. El proceso estaba en la órbita del ministro de Hacienda, Néstor Grindetti.

En la Legislatura recuerdan otro trámite similar: “Un proyecto de endeudamiento por 150 millones de pesos para la compra de equipamiento hospitalario de la marca italiana Esaote SA”, relató el diputado Aníbal Ibarra. Su par, Enrique Olivera, de la Coalición Cívica, se sumó al cuestionamiento, por lo que el proyecto fue modificado, eliminando la marca del equipo.

Otro de los cuestionamientos que pesaban sobre la licitación del control publicitario era que se impulsaba mientras el propio Ejecutivo propone en la Legislatura una nueva Ley de Publicidad en la Vía Pública, mucho más restrictiva que la actual, por lo cual cambiarían las condiciones de la licitación en marcha.

Fuentes del Ministerio de Hacienda y de Administración Gubernamental de Ingresos Públicos confirmaron que la licitación estaba en marcha, en etapa precontractual: desde el 30 de mayo se estaba estudiando la única oferta.

La presentación de la empresa Polledo, del Grupo Roggio, había generado suspicacias, dado que otra empresa de ese holding, Catrelsa, manejó la base de datos de catastro de toda la ciudad. El mismo, años atrás, le había hecho una propuesta en ese mismo sentido al entonces jefe de gobierno Aníbal Ibarra.

Estas dos licitaciones se cruzan con una tercera, la del mobiliario urbano de la ciudad, donde cuatro empresas quedaron precalificadas para adjudicarse el negocio de la publicidad en las pantallas ubicadas en la vía pública. Se trata de Publicidad Sarmiento (una firma vinculada con los empresarios Raúl Moneta, José Luis Manzano y Daniel Vila); Viacart (relacionada con Daniel Hadad), el Grupo Al Sur (de la familia del secretario de Medios, Enrique Albistur) y PC Publicidad SA. De ellas, sólo tres resultarán adjudicatarias en cada una de las zonas en que se divide la ciudad. El resultado se conocerá en los próximos días, cuando se abra el sobre con la oferta económica.

Esta licitación también está cuestionada: la principal precalificada, Sarmiento –propiedad de Orlando Terranova– tiene pendiente una denuncia penal “por presentar documentación presuntamente falsa para esta licitación sobre su desempeño en otras concesiones, en Mendoza y Tucumán”, según el abogado, Mariano Bergés, que patrocina a una empresa de la competencia. “Hace menos de un mes, la Cámara del Crimen porteña les revocó un sobreseimiento en esa causa y pidió que se los investigue”, agregó el letrado. Bergés es abogado de la empresa Spinazzola, una de las actuales concesionarias de la cartelería y la publicidad callejera, que se presentó en la licitación pero quedó eliminada.