Cuando resta menos de un año de vigencia de los contratos que el gobierno porteño mantiene con las cinco empresas que concentran la recolección de residuos en la ciudad, un conjunto de organizaciones ambientales exigió a las autoridades que garanticen la participación ciudadana en la elaboración de los nuevos contratos y que aquéllos cumplan con la ley Basura Cero, vigente desde 2004.

Las entidades –entre los que figuran Greenpeace, Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y Fundación Vida Silvestre– elaboraron el pedido luego de que el ministro de Ambiente y Espacio Público de la ciudad Buenos Aires, Juan Pablo Piccardo, anunciara que el gobierno eliminará el sistema de containerización y recolección diferenciada de residuos por considerarlo un “fracaso”.

Según las agrupaciones, la decisión “atenta contra la normativa ambiental vigente (la ley de Basura Cero), que establece metas concretas de minimización de los residuos a través de la reducción en la generación, el reuso y el reciclado de desechos”. La iniciativa también fue rechazada por el senador nacional por el Frente para la Victoria Daniel Filmus, que la consideró un “retroceso lamentable en materia de gestión ambiental”.

Por esa razón, la directora ejecutiva de FARN, María Eugenia Di Paola, resaltó la “necesidad de elaborar un marco jurídico transparente en la elaboración del pliego”.

El anuncio de Piccardo integra el borrador del nuevo pliego de recolección de basura que el Poder Ejecutivo porteño presentará la semana próxima, de cara a la renegociación de los contratos con las empresas que realizarán el Servicio Público de Higiene Urbana a partir de marzo de 2009.

Además, el documento insiste en volver al mecanismo de pago por tonelada recolectada abandonado en 2004 y, según las entidades, no incluye la regulación de la actividad de los cartoneros, a pesar de que Macri prometió hacerlo.