La Legislatura porteña rechazó ayer por unanimidad, incluso con los votos del macrismo, el veto parcial que el jefe de Gobierno, Mauricio Macri, había decretado sobre la ley que limita la altura de las construcciones en un sector del barrio de Caballito. De esta manera, los legisladores ratificaron el texto de la norma que habían aprobado y les dieron nuevamente la razón a los vecinos, que vienen exigiendo una normativa en ese sentido desde hace dos años. Votaron en contra del veto de Macri los 56 legisladores presentes en el recinto. Para ratificar la ley, se necesitaba la aprobación de los dos tercios del cuerpo, es decir, 40 legisladores. En la oposición se interpretó que el veto apuntaba a demorar la entrada en vigencia de la ley.

El veto de Macri se conoció cuando el jefe de Gobierno estaba en Beijing. Había recaído sobre seis de las 50 manzanas comprendidas en la ley, que pone una altura máxima a las futuras construcciones. Se trata de las que rodean el Hospital Durand más otras dos ubicadas sobre la avenida Díaz Vélez. En esa zona no se podrán construir edificios de una altura mayor a 13,50 metros, es decir, con un máximo de cuatro pisos.

Los vecinos habían anunciado una protesta para el martes próximo. Algunos legisladores del PRO habían adelantado que ratificarían la ley original.

La ley había sido aprobada, por unanimidad, el 22 de mayo último. Protege en total 50 manzanas de la zona norte de Caballito de la construcción de edificios en torre de una altura que exceda los cuatro pisos, salvo sobre la avenida Gaona, donde se permiten construcciones de hasta ocho pisos. La norma alcanza a tres zonas del barrio: un sector que va desde Plaza Irlanda hasta Honorio Pueyrredón, delimitada por Luis Viale por un lado y Vallese, Oroño, Planes, Rojas y Aranguren, por otro; las avenidas San Martín y Gaona, desde Belaustegui a Virasoro; y el polígono que rodea el Durand, comprendido por Díaz Velez, Acoyte, Avellaneda y Acevedo. Parte de este último sector era el afectado por el veto.

El Ejecutivo había vetado dos artículos de la norma. Uno de ellos involucraba el perímetro que rodea el Durand. El argumento oficial era que los límites impuestos por la Legislatura impedirían la radicación en el lugar de comercios como bares o restaurantes o la habilitación de laboratorios de análisis clínicos o casas de ortopedia, actividades vinculadas con el funcionamiento de hospitales en esa zona.

Después de la sesión, la diputada Silvina Pedreira (Frente para la Victoria), presidenta de la Comisión de Planeamiento Urbano, afirmó: “Demostramos que el veto no era consistente porque enunciaba restricciones a las alturas y a las capacidades constructivas y no para los usos, que están previstos en el Código de Planeamiento”. Enrique Olivera, de la Coalición Cívica, opinó que la ley debía ratificarse rápidamente “para que no hubiera ninguna duda sobre la finalidad de la norma, que consiste en preservar la calidad de vida de los vecinos y la identidad del barrio”. En tanto, Verónica Gómez, del Partido Socialista, expresó su satisfacción por “la rapidez con que la Legislatura rechazó en lo sustancial el veto de Macri, que tuvo como único objetivo limitar la entrada en vigencia de la ley”.

De los dos artículos que vetó Macri, la Legislatura ratificó uno, mientras que en el otro dejó vigente la objeción del jefe de Gobierno. Se trata del que vincula la altura de las viviendas a construir con el ancho de las calles, lo cual “contribuye a acotar aún más la altura de las construcciones a edificar”, explicaron fuentes de la Legislatura.

El reclamo de los vecinos empezó hace dos años, cuando el auge de la construcción de torres atacó el paisaje de una zona de casas bajas de Caballito y produjo el colapso de algunos servicios públicos como el de cloacas. A fines de 2006, el entonces jefe de Gobierno Jorge Telerman frenó por decreto la construcción de nuevos edificios en torre. Meses después, el Ejecutivo reglamentó la exigencia de un estudio de prefactibilidad como requisito para autorizar una nueva construcción de altura.

El proyecto ratificado ayer fue presentado por la diputada Teresa de Anchorena (Coalición Cívica) y fue aprobado en doble lectura, después de haber sido sometido a una audiencia pública.