El escándalo cedió el paso a la polémica. Luego de que dos adolescentes vejaran a su profesora de Historia y fueran expulsados de su colegio, varios especialistas alzaron su voz para criticar aspectos de la sanción del Consejo de Convivencia del establecimiento, incentivada por el ministro de Educación porteño. Lo que marca la ley es que los chicos deben ser cambiados de colegio y, pese a que ayer Mariano Narodowsky aseguró que “desde el ministerio se va a trabajar para que vuelvan a escolarizarse”, sentenció que “perderán el año porque cometieron una falta muy grave”.

“Vamos a pedir informes”, dijo, cauto, Gustavo Lesbegueris, adjunto de la Defensoría del Pueblo y especialista en el área de educación. “Queremos, en primer lugar, asegurarnos de que se respetaron todos los procedimientos que establece la ley 223”, agregó el funcionario, en referencia a la norma sancionada en 1999 por la Legislatura porteña. Allí no se habla de “expulsión” sino de “cambio” y se señalan tres sanciones: cambio de división, cambio de turno y cambio de escuela (la más grave de todas). “Los chicos tienen que estar escolarizados; el gobierno de la ciudad tiene que estar en condiciones de ofrecerle una alternativa, aunque sea un profesor a domicilio. Si no, la sanción se transforma en una exclusión.”

Para Claudia Cesaroni, del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, la “expulsión” de los chicos, uno de los cuales estaría por ser padre, “es ilegal, debería producir el rechazo de toda la comunidad educativa, y estos adolescentes y sus padres deberían recibir el asesoramiento de los organismos públicos cuya función es proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes”. Las razón es, según Cesaroni, que en este caso “no hubo proceso previo, en los que los padres fueran puestos al tanto de lo que sucedía, tampoco hubo un pedido de sanción iniciado por la docente involucrada, sino que la escuela y el ministro reaccionaron a partir de la emisión de los videos”.

Además, la especialista señaló que “no se permitió la participación de los adolescentes en el proceso administrativo que los involucró, ni se los escuchó”. Tampoco se les brindó asistencia técnica especializada. “Es como si, a partir de la emisión de un video casero, sin realizar juicio alguno y sin otorgar el derecho a la defensa, un tribunal penal condenara a un sujeto a prisión perpetua. Ningún juez de la Nación se atrevería a tanto, ni aunque las imágenes mostraran los crímenes más horrendos, sencillamente porque si hiciera eso, cometería una ilegalidad”, reflexionó Cesaroni.

Sin embargo, ayer el ministro de Educación porteño afirmó que “la sanción hizo lo que tiene que hacer: ordenar la realidad y que la gente reflexione, se ubique”. Por su parte, la especialista en educación e investigadora del Conicet Silvina Gvirtz señaló que “el problema no puede terminar en la sanción y nada más, porque es un menor de edad, deberían hacer un buen diagnóstico del caso y tomar las acciones necesarias”. Gvirtz propuso la aplicación de “la figura de un profesor tutor o de un coordinador por división que haga un seguimiento educativo de los chicos”.