La Legislatura porteña aprobó ayer un pedido de informes al Poder Ejecutivo sobre el controvertido contrato con las empresas que realizan el control fotográfico de infracciones de tránsito. El proyecto –respaldado por el macrismo, con la condición de que se aprobara sin debate– apunta a conocer las razones por las que se celebró un nuevo contrato con las empresas Meller y Siemens, a las que el propio gobierno les había dado de baja a principios de año. El proyecto fue presentado por la diputada Gabriela Cerruti, del Frente para la Victoria, quien afirmó: “Las empresas se negaron a devolver los equipos a la ciudad y le iniciaron un juicio al Estado. Como respuesta, Macri no sólo las recontrata sino que les aumenta la tarifa de 6,38 a 11 pesos por foto”, dijo Cerruti. Sobre el tema, el legislador Aníbal Ibarra introdujo en el debate las sospechas de una presunta coima. Se refería a una de las cláusulas del contrato, que le otorga a la empresa Meller el 60 por ciento del cupo de fotomultas, quedando para Siemens el 60 por ciento restante, cuando siempre se repartieron por mitades la cantidad de actas fotográficas. Para Ibarra, en esa diferencia, podría estar la supuesta coima. Desde el gobierno porteño respondieron que esa diferencia obedece a que “en la zona norte, adjudicada a Meller, la circulación de vehículos y la conflictividad del tránsito es mayor”.