El médico acusado por la muerte de una joven, al administrar la anestesia en una operación de apéndice, no estaba registrado como anestesista en el distrito bonaerense donde ejercía. Estaba anotado como otorrinolaringólogo, en otro distrito. La responsabilidad por esta irregularidad, y por la mala praxis –en caso de que ésta se constatara– concierne también a la clínica donde se efectuó el acto médico, ya que las instituciones “deben pedir los antecedentes del profesional”, observó el ministro de Salud bonaerense. Según el titular de la Asociación de Anestesia, “el Estado bonaerense también tiene responsabilidad, por no haber inspeccionado la clínica”. La fiscal acusó de “homicidio con dolo eventual” al médico. No se constató que éste tenga inhabilitaciones ni sentencias por mala praxis, pero sí dos juicios por muerte de pacientes, en uno de los cuales estuvo tres meses preso.

“Luis Alberto Romero Hiriart no está inscripto en el Colegio Médico de la provincia de Buenos Aires, distrito III”, precisó Luis de Innocentis, secretario general de esa entidad, con jurisdicción sobre Haedo: allí se halla el Instituto Regional de Diagnóstico, donde fue operada la joven Eliana Romero Giménez, de 18 años, quien falleció durante la intervención. De Innocentis destacó que “para ejercer la medicina en la provincia de Buenos Aires es necesario hallarse inscripto en el colegio médico del distrito correspondiente, que a su vez certifica el título de especialista”.

Claudio Zin, ministro de Salud bonaerense, afirmó que Romero Hiriart “no tiene título habilitante para actuar como anestesista” y contó que “está inscripto en el distrito II, de Avellaneda, como otorrinolaringólogo”.

El ministro añadió que “la clínica tiene responsabilidad, porque es su deber supervisar cada acto médico y pedir los antecedentes de cada profesional en los colegios médicos”, y señaló que “lo mismo vale para la obra social que contrató a la clínica”. Zin consideró “indispensable” la concreción del Registro Unico de Profesionales de la Salud, ya dispuesto por el Ministerio de Salud de la Nación, gracias al cual “podremos conocer, por Internet, los antecedentes de cada médico”.

El presidente de la Asociación de Anestesia, Analgesia y Reanimación de Buenos Aires, Claudio Tartaglia, sostuvo que “la clínica tiene responsabilidad, pero también es deber del Estado verificar, mediante inspecciones, el cumplimiento de las clínicas”. Zin afirmó que el Instituto “fue inspeccionado en agosto del año pasado” y que, a partir de lo sucedido “se mandó una nueva inspección”.

Entretanto, Romero Hiriart, de 58 años, continuaba detenido anoche en la comisaría 5ª de Morón, adonde había sido trasladado desde Haedo por “razones de seguridad”. La fiscal Valeria Courtade, luego de indagarlo, formuló acusación por “homicidio con dolo eventual”. Además, el cirujano que operó a la joven fue indagado por homicidio culposo, y otro cirujano del equipo está acusado por falsedad de documento público, ya que firmó haber intervenido cuando ni había estado en el quirófano.

Ayer un abogado acusó ante los medios a Romero Hiriart por causar la muerte de un bebé al demorarse en una cesárea, en San Miguel, pero la fiscalía respectiva no corroboró esa imputación. Tal como precisó ayer este diario, Romero Hiriart no registra ninguna inhabilitación para el ejercicio de la medicina. Hubo dos causas contra él, en Santa Fe y en Santiago del Estero, por fallecimientos de pacientes: en la primera fue sobreseído por falta de pruebas y la otra –por la cual estuvo tres meses preso– prescribió.

“Las entidades médicas vienen haciendo lobby para reducir el plazo de prescripción de las acciones por mala praxis”, advirtió Ignacio Maglio, jefe de Riesgo Médico Legal del Hospital Muñiz. Las asociaciones médicas también “presionan para que se limite el beneficio de litigar sin gastos”. Según Maglio, “muchos casos por mala práctica médica no se detectan o no se juzgan, por el peso del modelo médico paternalista o por las limitaciones en el acceso a la Justicia, en especial para los pobres”.