La valiente decisión tomada por el juez de Garantías de Mar del Plata Juan Francisco Tapia pone en blanco sobre negro cómo, aun bajo regímenes democráticos, los sistemas penales latinoamericanos siguen actuando guiados por los mismos prejuicios que los ponían en movimiento desde la primera colonización y que siguen representando al ejercicio de poder controlador disciplinario que se ejerce sobre las mayorías y sobre los disidentes. Es obvio que estas prácticas son posibles por la connivencia y falta de escrúpulos de toda clase de actores estatales. Y claro que no serían posibles si fuesen más los magistrados que, en lugar de otorgar espacio a la ilegalidad, velaran, como Tapia, por el cumplimiento de las garantías constitucionales. Desafortunadamente son muchísimos más los magistrados que suelen validar la paradoja de otorgar forma legal a situaciones que, como la detención por averiguación de identidad, no deberían tenerla.

En este sentido, esta decisión judicial no es más que otro hito en la construcción de mayores espacios de libertad y un decisivo aporte a la valorización de la función judicial, para permitir la construcción de una cultura pluralista, democrática con efectiva incidencia en el actual entramado de relaciones de poder.

El magistrado ha puesto, como decía, al descubierto la falta de razonabilidad y credibilidad de los argumentos policiales, que sólo actúan en estos casos guiados por prejuicios hacia ciertos grupos sociales. Lamentablemente, la ausencia de decisiones judiciales similares ha permitido no sólo la detención por averiguación de identidad indiscriminada sino también el ejercicio continuo de acciones represivas delictivas o rayanas a la ilegalidad.

En la medida en que los jueces no actúen como lo ha hecho el juez Tapia, se seguirán construyendo fuertes contradicciones simbólicas en la conciencia pública, al proponer por un lado visiones universales del derecho, la moral y el orden y, por otro lado, negar la utilidad del respeto por las normas por la justicia de los fines que se persiguen. De este modo, en lugar de aumentar la legitimidad ante la sociedad de las instituciones éstas mismas se convierten en un factor importante de desorden al socavar en cierta forma el respeto por la ley.

En definitiva, la única manera de contrarrestar la desconfianza pública de sus instituciones es actuando como lo ha hecho Tapia en protección de la Constitución, creando mecanismos que garanticen la calidad y transparencia tanto de sus procedimientos como de la información para comenzar a sepultar de la conciencia colectiva el sentimiento de la existencia de un Estado anómico.

* Defensor general de San Nicolás y presidente de la Asociación de Defensores de DD.HH.