Empezó a debatirse en el Congreso de la Nación, y será debatida en la Legislatura bonaerense, la posibilidad de establecer un registro para condenados por delitos sexuales, que incluiría su perfil genético. Para la autora de uno de los proyectos en juego, los datos del registro deberían ser accesibles al público en general: “Si llega un nuevo vecino al barrio y usted sospecha de que pueda no ser uno bueno para las criaturas, puede acercarse a la comisaría y pedir datos de esa persona”. Otro de los proyectos puntualiza que los datos del registro no estarían a disposición del público, sino sólo de la Justicia y otras autoridades, con fines de investigación y prevención criminal: “Es inimaginable lo que podría pasar si cualquiera pudiera acceder a esos datos”, observó su autora.

Mirtha Camels, diputada bonaerense por Concertación Plural, presentó un proyecto para la creación del “Registro de condenados por delitos contra la integridad sexual” que conllevaría un “Registro de identificación genética de abusadores sexuales”. Según el proyecto, “los datos del registro de condenados sexuales se podrán liberar a pedido de cualquier persona mayor de edad que exprese un interés legítimo y se identifique debidamente. El informe deberá ser evacuado en 48 horas”.

–¿Cómo se establecería ese “interés legítimo”? –preguntó PáginaI12.

–Ese interés puede tenerlo alguien que trabaje con chicos en una escuela o institución, o, simplemente, usted tiene chicos y llega un nuevo vecino al barrio, que –sospecha usted– puede no ser una buena persona para las criaturas: usted se acerca a la comisaría y pide datos de esa persona; nunca está de más saber quiénes nos rodean –contestó la diputada Camels–. Saber que en el barrio hay una persona que ha cometido un delito sexual puede servirles a los vecinos para hacerle notar a esa persona que es non grata en el barrio. Actualmente sucede que los chicos no puedan salir solos, ni siquiera en las ciudades del interior. Fíjese lo que pasó con la chiquita violada y quemada en Coronel Dorrego: iba a un club a hacer deporte.

–Pero quien la atacó era un desconocido que no vivía en el vecindario...

–Pero lo sucedido nos tiene que encender la luz roja a todos. A veces el violador está en la misma familia. Es bueno que la gente denuncie. Y lo peor que puede pasar es no intentar nada para contrarrestar este delito: los abusadores deben saber que existe un control que se ejerce no sólo mediante la Justicia, sino a través de la sociedad misma –sostuvo la diputada Camels, cuyo proyecto debe ser tratado por la Legislatura de la provincia de Buenos Aires–.

En el ámbito del Congreso nacional, ayer el tema se debatió en el plenario de asesores de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Según una fuente que participó en la reunión, “la mayoría de los asesores manifestó muchas reservas sobre la posibilidad de establecer un registro de este tipo, estimando que resultaría violatorio de los derechos individuales. Otros estaban a favor de un registro de consulta abierta. Y otros planteaban un registro pero no abierto al público en general, sino manejado por el Poder Judicial”.

El proyecto de la diputada Nora César (FpV), presidenta de esa comisión legislativa, responde al criterio de establecer un registro pero limitar su acceso: el “Registro nacional de condenados por delitos cometidos contra la integridad sexual” funcionaría “en el ámbito del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos”. El proyecto precisa que “toda la información existente en el registro será reservada, pudiendo ser sólo requerida por los jueces y tribunales”, por “autoridades nacionales, provinciales o municipales” y por las fuerzas de seguridad “para atender necesidades de investigación”.

La diputada César explicó que “el proyecto procura ser una herramienta para la investigación judicial, no para una condena social del individuo”, y observó: “Aun para acusados y todavía no juzgados por este tipo de delitos, sucedió que les incendiaran la casa: ¿qué no podría pasar si cualquiera pudiera acceder a los datos de ese registro? Es inimaginable”.

Además, “una ley que estableciera un registro abierto al público podría después ser tachada de inconstitucional y así tornarse inaplicable: el artículo 19 de la Constitución nacional protege las acciones privadas de los ciudadanos, aun de los que cometieron delitos”, observó la diputada César, y destacó en cambio que “el registro de ADN podría servir para aclarar casos de este tipo que permanecen irresueltos y detener a los culpables.