Se ha planteado una discusión entre la titular de la asesoría de menores porteña y la Secretaría Nacional de la Niñez sobre si la primera tiene autoridad para controlar las condiciones de los menores encerrados en institutos: lo notable es que, según admiten todos los funcionarios, en realidad esos chicos deberían estar libres. La Argentina es el único país de América latina donde chicos de hasta 15 años, que han sido, no causantes, sino víctimas de delitos, son detenidos por jueces de menores, “para su protección”, porque sus familias no tienen dinero. Esas detenciones se sustentan en un decreto-ley de la dictadura cuya permanencia, según admiten esos mismos funcionarios, puede vincularse con dos motivos: “El lobby de los jueces de menores para conservar su poder sobre esos chicos” y “que los legisladores no logran acuerdo sobre los alcances de la imputabilidad y las penas” para menores.

Entretanto, una ONG solicitó a la Corte Suprema una audiencia pública en la causa donde ese tribunal debe expedirse por los chicos presos en el Instituto San Martín. Además se reabrió el caso de un chico de 16 años, “suicidado” hace un año y medio en el Instituto Rocca: según una pericia, lo habrían violado.

Laura Musa es titular de la Asesoría General Tutelar de la ciudad de Buenos Aires, un organismo de la Justicia porteña que está a cargo de proteger los derechos de niños y adolescentes.

“La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaff) me niega el ingreso a los lugares de internación compulsiva de menores en la ciudad”, denunció Musa.

“Los tratados internacionales dicen que, en los lugares de privación de la libertad, deben poder entrar funcionarios de otras áreas para verificar si se cumplen los estándares de derechos humanos. Se me ofreció acompañar, como agregada, a la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, pero soy funcionaria pública y debo ir públicamente”, agregó.

Gabriel Lerner, subsecretario de Derechos para la Niñez, Adolescencia y Familia de la Nación, contestó que “las facultades que invoca la doctora Musa son opinables, pues es autoridad porteña” y que “hemos ofrecido que ella misma o su personal ingrese a los establecimientos acompañando a la Defensoría Nacional”.

Musa puntualizó que “esos chicos están privados de su libertad por el decreto-ley 22.278, de la última dictadura militar, que autoriza al juez de menores a actuar discrecionalmente con chicos involucrados en la comisión de delitos, aunque sea como víctimas. El juez puede tomar medidas ‘de protección’ ante un ‘peligro material’, que suele ser simplemente la pobreza: la ‘protección’ consiste en internarlo en un instituto”.

En 2005, la Ley 26.061 puso fin al sistema de patronato, que atribuía poderes discrecionales a los jueces de menores, pero se mantuvo el decreto-ley 22.278, que mantiene esa discrecionalidad para chicos vinculados a causas penales.

“Todos los países de América latina, menos la Argentina, han derogado las leyes de ese tipo, que se oponen a la Convención Internacional de los Derechos del Niño”, advirtió Musa. Lerner, también, observó que “el decreto-ley 22.278 está reñido con la Constitución Nacional y debe ser modificado”.

La derogación del 22.278 se liga con la sanción de una ley de responsabilidad penal juvenil, que otorgue a los menores imputados de delitos los derechos a defensa en juicio que tienen los adultos. Según Musa, a esto “se oponen corporativamente los jueces de menores, que procuran preservar su poder y jamás plantearon la inconstitucionalidad de ese decreto de la dictadura”.

Lerner agregó que “cuesta lograr acuerdos en el Congreso porque es un tema muy ideologizado: algunos plantean bajar la imputabilidad a los 14 años, otros nos negamos; tampoco hay acuerdo sobre las penas para menores que cometan delitos”.

La ONG Fundación Sur presentó un hábeas corpus por los niños –de hasta 15 años– encerrados en el Instituto San Martín, de la ciudad de Buenos Aires: en diciembre del año pasado, la Cámara de Casación hizo lugar y dispuso la liberación progresiva, en un plazo de 90 días, de los menores allí apresados.

El fiscal apeló ante la Corte Suprema, que, en marzo, suspendió el fallo mientras se pronuncia sobre la cuestión de fondo. El presidente de la Fundación Sur, Emilio García Méndez –ex asesor de Unicef y actual diputado nacional por el SI–, observó que “desde diciembre, la cantidad de chicos encerrados en el San Martín había bajado a la cuarta parte, pero, con la suspensión del fallo, empezó a subir de nuevo”. Fundación Sur pidió a la Corte una audiencia pública, y la entidad internacional Human Rights Watch pidió ser parte en el juicio.