Los tres padres considerados más duros en el caso Cromañón, Nora Ortiz de Bonomini, Luis Fernández y Ricardo Righi, fueron ayer procesados, sin prisión preventiva, por el delito de amenazas coactivas y amenazas agravadas por el juez subrogante Alejandro Cilleruelo. Durante los años 2005 y 2006 los tres padres tuvieron expresiones durísimas, incluyendo las frases “les vamos a matar a los hijos para que sepan lo que significa”, “si no actúan van a terminar en una bolsa negra” y otras similares. En su momento, fueron denunciados por la jueza María Angélica Crotto, por los integrantes de la Cámara del Crimen, por Aníbal Ibarra y los músicos de Callejeros. En el expediente incluso hay una escucha telefónica en que dos de los padres hablan de contratar a un asesino a sueldo por 40.000 pesos. El defensor de los padres, Fernando Soto, adelantó que va a apelar la medida antes de que empiece la feria judicial.

El delito de amenazas agravadas tiene una pena que va de los cinco a los diez años de prisión y consiste en realizar un apriete para conseguir tal o cual decisión, en este caso judicial, ya que el núcleo fundamental de las amenazas estuvo dirigido contra la magistrada que instruyó el caso, la doctora Crotto, y los camaristas Gustavo Bruzzone, María Laura Garrigós de Rébori y Rodolfo Pociello Argerich. En el último caso, fue el plenario de la Cámara del Crimen, cuyo titular en ese momento era Alfredo Ameghino Escobar, el que hizo la denuncia. Además, hubo amenazas contra Aníbal Ibarra y contra los músicos de Callejeros cuando éstos empezaron a volver a los escenarios.

Parece obvio que, especialmente, Bonomini y Fernández, y en menor medida Righi, pasaban por un momento de máximo descontrol debido a la pérdida de sus hijos, al punto de que buena parte de las amenazas se emitieron a través de los medios de comunicación. Hubo también manifestaciones amenazantes en reuniones con los jueces y camaristas, como cuando les dijeron a estos últimos que no responderían por sus actos si le concedían la excarcelación a Omar Chabán e incluso mencionaron que “les vamos a tener que matar un hijo, así saben lo que se siente”. A Ibarra le dijeron públicamente que “si intenta volver a la política, va a terminar en una bolsa negra”, mientras que al líder de la banda Callejeros, Patricio Santos Fontanet, le advirtieron que si volvía a tocar “le volamos la tapa de los sesos”.

En la escucha telefónica vertida en la causa, dos de los padres hablan de bajar el perfil público y mientras tanto intentarían juntar 40.000 pesos para mandar a matar a un juez. Lo cierto es que en el expediente no hay después ningún otro elemento que haga pensar que avanzaron en un plan semejante.

La apelación de Soto llevará esta causa, la de las amenazas, a la Cámara del Crimen, cuyos integrantes seguramente se excusarán porque son denunciantes o están vinculados con los camaristas que hicieron la denuncia. En esa eventualidad, serán jueces del fuero Penal Económico los que actuarán como tribunal de apelación. De todas maneras, el proceso avanzará con mucha lentitud por la segura sucesión de excusaciones de los jueces.

Si hubiera un juicio oral por el caso, la pena mínima es muy alta –cinco años– y por lo tanto no excarcelable. Muchos consideran que los padres podrían argumentar que el dolor por la pérdida de los hijos no les permitió comprender la criminalidad de los actos y que las amenazas eran irrazonables, al punto de que en su mayoría fueron hechas en forma pública. Por lo tanto –podrían argumentar– deberían ser inimputables. Pero todo eso constituye una estrategia que los propios padres y su abogado deberán definir. Ayer, en declaraciones a la televisión, Righi se mostró firme, pero más bien arrepentido de aquellas manifestaciones amenazantes.