Nueve diputados (cinco nacionales y cuatro de la ciudad) presentarán hoy una denuncia ante la Justicia federal para que se investigue si unos veinte locales que funcionan como whiskerías, en los barrios de Montserrat y Constitución, funcionan como parte de una red de explotación sexual y tráfico de personas, con la presencia en algunos de ellos de menores de edad. Según la denuncia, estos locales trabajarían con la connivencia de la Policía Federal, muchos de ellos, incluso, próximos al Departamento Central de esa fuerza. La presentación apoya el reclamo de vecinos de esos barrios, que vienen denunciando desde hace años, sin éxito, el funcionamiento de esos locales, donde además funcionarían centros de distribución de drogas ilegales. La denuncia es impulsada por la Defensoría del Pueblo porteña y por militantes de la cooperativa de costureros La Alameda, que convocaron para hoy a una movilización, a partir de las 18, desde San Juan y Lima.

Algunos de estos vecinos, junto a las organizaciones, realizaron a principios de junio la primera presentación contra cinco locales, de la cual resultaron otros tantos allanamientos y las clausuras. Pero los locales fueron reabiertos por decisión judicial. Para esa denuncia se basaron en filmaciones realizadas con cámaras ocultas.

La difusión pública de ese hecho dio pie a varios vecinos a acercar su caso a los denunciantes. Muchos de ellos habían realizado presentaciones a las comisarías del barrio y a la Justicia contravencional, pero no obtuvieron respuestas.

La denuncia judicial que se presentará hoy en los tribunales federales lleva las firmas de los diputados nacionales Adrián Pérez, Fernanda Gil Lozano y Fernanda Reyes (Coalición Cívica) Rubén Lanceta (UCR) y Cynthia Hotton (PRO); y los legisladores porteños Martin Hourest (Autonomía con Igualdad) Facundo Di Filippo y Diana Maffía (CC) y Julián Dangelo (socialista).

De acuerdo con la presentación, en la zona comprendida entre la Avenida de Mayo, la calle Salta, Santiago del Estero y la avenida Belgrano (con mayor concentración alrededor del Departamento Central de Policía) se concentra “una vasta red de locales donde se ejerce la prostitución y se lleva adelante impunemente el tráfico ilícito de estupefacientes”.

La denuncia también reclama que se determine la eventual responsabilidad del jefe de la Policía Federal, el comisario general Néstor Jorge Valleca, en su calidad de responsable máximo de la fuerza de seguridad, debido “al funcionamiento público y notorio de esta red y su ubicación en las cercanías del Departamento Central de Policía”.

“Todo llevaría a pensar que existe complicidad entre las mafias que manejan los prostíbulos y las instituciones del Estado como la Policía Federal. Al jefe de la policía no pudo haberle pasado desapercibido el irregular funcionamiento de varios locales donde se comenten entre otros delitos la trata de personas y el tráfico de drogas”, comentó la diputada Gil Lozano. “Queremos determinar si existe la connivencia activa o pasiva de la policía que tolera y ampara estas actividades y hace caso omiso de las denuncias que presentaron numerosos vecinos de la zona”, dijo la legisladora.

Los denunciantes apelan a ley 12.331 que sanciona a los que administren o regenteen prostíbulos, con multa o prisión de uno a tres años. Pero también a la 26.364, que castiga el tráfico de personas con fines de explotación. Y aclaran que la Policía Federal, como responsable de la investigación de estos delitos, no podría incurrir en omisión sin que su comportamiento pudiera ser considerado como delictivo. Pedirán también que se unifiquen todas las causas vinculadas con presuntas actividades de trata de persona con fines de explotación sexual.