El uso de las tobilleras magnéticas para detenidos que cumplen prisión domiciliaria sigue en debate y el ministro de Justicia bonaerense, Ricardo Casal, anunció que enviará a la Legislatura un proyecto de reforma del Código Procesal Penal para restringir las excarcelaciones. “Los casos de morigeración y de arresto domiciliario deben estar exclusivamente enfocados en cuestiones humanitarias, tales como mujeres embarazadas o con hijos menores, enfermos terminales y ancianos”, precisó el ministro. Al mismo tiempo, Casal dijo que hará una “sugerencia” a los jueces para que se revisen 22 de los 296 casos de presos domiciliarios con tobilleras porque se ha dejado salir de la cárcel a imputados en 14 violaciones, tres homicidios en ocasión de robo, un doble homicidio, un tormento seguido de muerte y en tres causas de promoción de prostitución de menores de 15 años. Ante los anuncios, desde distintos sectores se defendió el sistema de pulseras magnéticas “siempre y cuando esté bien controlado” y se cuestionaron las reformas al Código porque “está probado que endurecer la normativa no sirve para prevenir el delito”.

Casal admitió que el Poder Ejecutivo “no está legitimado para pedir explicaciones sobre las decisiones judiciales”, pero la gravedad de “este caso emblemático y grave”, en alusión a la masacre de cuatro miembros de la familia Mansilla, en la localidad de Campana, “amerita que nos comuniquemos con los jueces y les hagamos saber nuestras sugerencias”. El ministro volvió a cuestionar la decisión judicial que le otorgó el beneficio de la prisión domiciliaria a Angel Fernández, imputado como autor del cuádruple homicidio del matrimonio Mansilla y sus dos hijos.

Casal sostuvo que hará “una sugerencia” a los jueces que tienen esos 22 casos y que luego “serán ellos los que sabrán justificar o revocar, en el caso que corresponda, la medida adoptada”. Insistió, de todas maneras, en que un caso de tortura seguida de muerte “es un delito de los más graves tipificados en el Código Penal y no merece ninguna explicación del porqué el imputado en esa causa está con un arresto domiciliario”.

El ministro aclaró que lo dicho “no significa agravar las condiciones de aquellos que están cumpliendo con el beneficio de manera satisfactoria, es decir que no paguen justos por pecadores”. Reiteró luego que “el epicentro del conflicto está centrado en la mala concesión de un arresto domiciliario”, el que benefició a Angel Fernández, principal sospechoso del cuádruple homicidio. Casal dijo que las reformas al Código Procesal serán para limitar las excarcelaciones sólo a los que tengan “un perfil criminal determinado: no deben ser personas violentas ni reincidentes”.

El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian defendió el sistema de pulseras electrónicas pero aclaró que “nunca debió ser destinatario de ese beneficio” el sospechoso en el caso de Campana. Abogó por la continuidad del beneficio, pero aseguró que “tiene que hacerse un buen monitoreo del funcionamiento”.

En un comunicado, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), además de pedir el esclarecimiento del cuádruple homicidio, aseguró que estos hechos “no se solucionan ni evitan con reformas legales que busquen limitar el régimen de excarcelaciones”. El organismo sostuvo que “este episodio atroz” debería motivar “una reflexión profunda y general sobre el sistema judicial y penitenciario, y no traducirse en respuestas fáciles que distraigan la atención sobre los problemas de fondo”.

El CELS marcó la existencia de “deficiencias gravísimas de parte del Estado para hacer cumplir la ley penal y controlar la ejecución de medidas alternativas a la prisión”. Por ese motivo demandó “medidas institucionales adecuadas que no respondan nuevamente a la demagogia punitiva”. En ese sentido recordó que en el 2000 el gobierno provincial de entonces impulsó reformas de “mano dura” destinadas a modificar el sistema de excarcelación y que ese paquete de leyes “agudizó los problemas de superpoblación carcelaria sin dar respuesta a los problemas de seguridad”, lo que llevó a una nueva reforma en el 2005.

Ricardo Mendaña, director ejecutivo del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), recordó que hubo 17 proyectos de reforma del Código en diez años y que las modificaciones a la normativa “presididas por la urgencia del momento, no tuvieron resultados satisfactorios”. Dijo que en lugar de restringir el sistema de tobilleras hay que hacer cambios profundos, “como tener un ministerio público más autónomo” y un sistema carcelario “que no destruya a las personas, que no sea una escuela del delito”. Interpretó que el juez de San Martín Nicolás Schiavo, criticado por la libertad de Angel Fernández, es sólo “un chivo expiatorio porque si se analiza el caso en profundidad, queda demostrado que aplicó la ley en forma correcta”. Mendaña concluyó: “Esta película ya la vimos: es Blumberg II”.