Está por verificarse un innegable, masivo avance hacia la digitalización criolla de la telefonía: todos los compradores de teléfonos celulares, y los que ya poseen aparatos con tarjeta prepaga, deberán registrar sus huellas digitales en procura de establecer un registro que prevenga su utilización con fines delictivos. Expertos consultados por este diario acordaron con el criterio de “actuar sobre el mercado”, es decir, más que centrarse en la persecución del ladrón individual, desbaratar las condiciones que fomentan cada delito. Es el mismo concepto que, mediante el cierre de los desarmaderos de autos, permitió en su momento bajar la criminalidad vinculada con los robos de vehículos. En cuanto a la proyectada literal digitalización advierten que “si va a ser tremendamente engorroso, la gente se negará y aparecerán trampas para eludir la norma”.

Aníbal Fernández, ministro de Justicia y Seguridad de la Nación, anticipó que, el lunes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner firmará un decreto para establecer un registro oficial de teléfonos celulares, que incluirá la huella digital y el domicilio de cada comprador. “Consideramos imperioso identificar el celular con la persona del propietario –destacó–: no puede haber celulares flotando o que se vendan en cualquier lugar, y hay que evitar que aparatos robados o perdidos puedan ser modificados para usos indebidos.” El ministro puntualizó que “en secuestros extorsivos, secuestros virtuales o acciones delictivas en casas siempre participa un celular”.

Según la nueva normativa, cada vendedor de teléfono celular, además de requerir el documento de identidad del comprador, debería tomarle las huellas digitales, y sólo activará el celular una vez que haya verificado el domicilio del comprador mediante el correo.

“Los que ya son usuarios de celulares con tarjeta deberán inscribirse en el registro oficial –agregó el ministro–: para ello tienen un plazo de 180 días, con posibilidad de una prórroga por otros seis meses”; esta obligación no regirá para los que tengan celular con factura pospago. Y, para la compra de cada tarjeta prepaga, el usuario “deberá demostrar que está en el registro”, precisó el funcionario. Los mismos requisitos regirán para la compra de los “chips” que portan el número de teléfono.

Los usuarios tendrán obligación de denunciar el extravío o robo del aparato, y para habilitar celulares usados habrá que presentar la documentación de compra. “Si el celular se pierde o se roba, ese teléfono ‘se muere’, ya no se puede rehabilitar, de modo que sea imposible usarlo para una acción delictiva”, subrayó Aníbal Fernández.

Alberto Binder –del Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (Ilsed)– comentó que “es correcto el criterio de aplicar una visión de mercado: un problema de la política criminal en la Argentina es desestimar que la mayoría de los delitos están vinculados con mercados delictuales. Esto vale también para delitos de poca monta o de subsistencia: el que roba cables, o garrafas, o relojes, o celulares, lo hace porque hay un mercado organizado para cada uno de esos productos: si no se desarticula el mercado, es inútil perseguir cantidades de gente”.

–Es el caso de lo que pasó con los desarmaderos de autos: cuando fueron desbaratados en la provincia de Buenos Aires, cayeron los robos y los homicidios relacionados –recordó PáginaI12.

–Así fue. Lamentablemente, esas medidas no se sustentaron en el tiempo. Cuando estos criterios muestran su eficacia, chocan con la necesidad de una coordinación sostenida y con la existencia de sectores corruptos –contestó Binder.

–En este caso, hay comercios dedicados a la venta de celulares usados...

–Sin duda –contestó Binder–. Tenemos estudiados 20 o más mercados reguladores de la criminalidad urbana: la gente roba para vender lo robado en determinados lugares.

En cuanto al registro de huellas para los usuarios de celulares, “no sé si se podría pensar alguna otra medida de implementación menos engorrosa, y convendría también propiciar que las empresas adopten políticas de custodia de los equipos que venden”, dijo Binder.

Hugo Scolnik, profesor de la UBA, especialista en seguridad en sistemas digitales, observó que “en todo el mundo los celulares se usan para actividades delictivas. En Estados Unidos la gente compra celulares descartables, puede usarlos para extorsionar y después tirarlos, nadie puede rastrear quién hizo la llamada... Es cierto que ellos tienen venta libre de armas”. Sobre el registro por huellas digitales, “esperemos que se pueda armar un sistema con factibilidad real: si va a ser tremendamente engorroso, la gente se negará a usarlo y aparecerán trampas para eludirlo”, sentenció Scolnik.