A partir de las 10, en la sala de audiencias donde fueron juzgados los ex comandantes de la dictadura militar, se reiniciará el juicio por los 194 muertos de la tragedia del boliche República Cromañón. Al inicio del debate, el secretario del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) Nº 24, Julio Di Giorgio, continuará con la lectura de las indagatorias de los 15 imputados. El viernes último el juicio pasó a un cuarto intermedio, luego de que los procesados se negaran a prestar indagatoria durante la segunda jornada del histórico proceso. Se juzga la responsabilidad de Omar Chabán, de su segundo, Raúl Villarreal, de los ocho integrantes de Callejeros, de un comisario, de un subcomisario y de tres funcionarios porteños.

El tribunal 24, integrado por los jueces Cecilia Maiza, Raúl Llanos y Marcelo Alvero, seguirá con la lectura de las responsabilidades de Raúl Villarreal, considerado la mano derecha de Omar Chabán en la administración de Cromañón, y los ocho integrantes de Callejeros, la banda que tocó aquella noche de diciembre de 2004: Patricio Santos Fontanet, Elio Delgado, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy y Eduardo Vázquez, incluyendo a Diego Argañaraz, ex manager del grupo, y el escenógrafo Daniel Cardell. Todos estarán separados del público por un blíndex.

Por el momento, en el juicio sólo la ex funcionaria porteña Ana María Fernández aceptó referirse a la masacre del boliche de Once, aunque postergó su testimonio para hoy al haber dicho que carecía de la documentación que necesitaba para prestar su indagatoria. El empresario Chabán dijo el viernes que iba a hacerlo “más adelante”, tras sentarse en el banquillo de los acusados. Los Callejeros tampoco declararon, pero dos de ellos deslizaron lo que parece ser un elemento significativo de sus defensas: se refirieron a Cromañón como “el accidente”. Villarreal fue el segundo en ser llamado a declarar y lo siguieron los integrantes de Callejeros; Miguel Angel Belay y Carlos Díaz, los dos policías de la seccional 7ª acusados por coimas; y los tres ex funcionarios del gobierno porteño, Fabiana Fiszbin, Ana Fernández y Gustavo Torres (acusados de incumplimiento de los deberes de funcionario público). Ninguno prestó declaración.

Luego de llamar a cada uno de los acusados, los jueces leyeron durante toda la tarde del viernes las declaraciones indagatorias que Chabán prestó durante la etapa de instrucción. En ellas culpó a los “tres chicos que tiraron las candelas” al techo del lugar. Dijo que esos jóvenes habían realizado la noche de la tragedia, el 30 de diciembre de 2004, “un ataque tipo comando”. Sostuvo que la salida de emergencia de Cromañón, que estaba cerrada, “se abrió a los siete minutos” y que el resto de las puertas “estaban abiertas”. Sobre las irregularidades en la habilitación del boliche del que era gerenciador, aseguró que él no tuvo “nada que ver”. Tras esas lecturas, el juicio pasó a un cuarto intermedio hasta las 10 de hoy. Otro de los puntos tratados en la jornada fue la incorporación por lectura de las declaraciones de testigos fallecidos o que tienen problemas psiquiátricos, a lo que el tribunal resolvió que se leerán las de los primeros y se esperará por las restantes según la evolución de los pacientes.

Durante el juicio, el juez Alvero solicitó a los familiares de las víctimas que no exhiban sus fotos durante el juicio para evitar cualquier tipo de “presión” durante el debate. La petición fue aceptada por las familias, según dijo uno de los abogados, Marcelo Parrilli, que reiteró que el “gran ausente” del juicio es el destituido jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra.

En el debate, que está previsto que insuma unos siete meses, se apunta a comprobar si hubo dolo eventual, es decir, que los acusados tenían noción de que se podía provocar la tragedia, o si la catástrofe estuvo más cerca del accidente, aunque con el factor decisivo de la imprudencia y la negligencia de los acusados.

Como antecedente, el TOC 24 exhibió dureza en una causa colateral a Cromañón, instruida contra jefes de la División Bomberos de la Policía Federal, a quienes se acusó de cobrar coimas a boliches a cambio de darles habilitaciones que no correspondían, y condenó a los acusados, incluyendo al propietario de un local.