La monotonía de la lectura, durante horas, de centenares de folios de la causa Cromañón y las estrategias de las diferentes defensas, ayer tuvieron un corte, un break en un decir más actual, cuando tomó la palabra Ana María Fernández, ex directora de la Unidad Polivalente de Inspecciones, ex directora adjunta de Control y Fiscalización Comunal porteña, y actual coimputada en la causa, acusada de incumplimiento de los deberes de funcionario público. Fernández se tomó cinco segundos para decir “soy inocente de todos y cada uno de los delitos que se me imputan”, y alrededor de tres horas para detallar por qué lo decía. Desmintió o corrigió las cifras ofrecidas por el gobierno porteño (76 y no 250 inspectores a su cargo), dijo que su dependencia carecía de presupuesto y que con ese personal debía controlar alrededor de 200.000 locales además de estadios deportivos. Apuntó contra Fabiana Fiszbin, contra el ex secretario de Seguridad Juan Carlos López y contra Aníbal Ibarra. Y sostuvo que antes de agosto de 2004 había intimado a 160 locales a presentar documentación, 53 de los cuales le respondieron. Entre ellos, Cromañón, que aportó el certificado contra incendios y la habilitación. Fernández decidió no responder preguntas a jueces ni querellas. Después siguió la lectura de las declaraciones de Raúl Villarreal durante el proceso de instrucción.

“Voy a mostrar cómo algunos funcionarios omitieron informar al juzgado mis funciones y probaré todos y cada uno de los deberes administrativos que tenía y que no dejé de cumplir”, dijo Ana Fernández. La ex funcionaria señaló que hasta agosto de 2004 era titular de la UPI, cuando Aníbal Ibarra disolvió la dependencia y ella fue ubicada como directora adjunta de Fiszbin. “A partir del 31 de agosto mis funciones quedaron clara y sustancialmente limitadas. Un gesto vale más que mil palabras: tenía un escritorio en el pasillo, al lado de la puerta de salida”, describió Fernández.

Sostuvo que mientras era titular de la UPI debía controlar 200.000 locales, para lo que contó en enero de 2004 con 12 inspectores. En junio de ese año, el número se incrementó a 76, cuando el secretario de Seguridad y Justicia porteño Juan Carlos Fernández les dio poder de policía. “La dependencia carecía de presupuesto y sistema informático”, agregó. Y recordó que después de la denuncia del defensor adjunto del pueblo porteño, Atilio Alimena, recibió un listado de 160 locales para intimar. Del total, respondieron 53. Entre ellos, figuraba Cromañón, que había presentado el certificado contra incendios expedido por los Bomberos y el de habilitación municipal. “¿Por dónde había que empezar a inspeccionar, por los que habían presentado la documentación o por los que no?”, trasladó la duda de aquel momento a los jueces. Y, obvio, empezaron por los que no, con lo que quedó explicado por qué el local de Chabán no fue visitado en esos meses. “La licenciada Fiszbin sabía que la UPI no contaba con recursos suficientes, estaba en conocimiento de todo e Ibarra fue asesorado por ella”, declaró.

La declaración de Fernández propone respuestas futuras. Ya desde la querella, el representante de una de las querellas, Arturo López Santos (junto con María del Carmen Verdú y Marcelo Parrilli), que responsabiliza fundamentalmente a los funcionarios porteños, dijo que Fernández declaró que “existió una cadena causal” y “si los funcionarios hubieran cumplido con su deber de cuidar la seguridad de los asistentes a los recitales públicos no hubiera sucedido la muerte de 194 personas”. Marcelo Faimberg, defensor de Fiszbin, dijo a PáginaI12 que “Fiszbin sabía que no tenían presupuesto y peleaba para que se lo dieran. Pero Fernández nunca informó sobre los resultados de las 160 intimaciones. Cajoneó la respuesta”.

Mañana continuarán incorporando declaraciones por lectura. En unos días se sabrá cómo asimiló la estrategia de cada una de las defensas las declaraciones de Fernández.