¿Quién puede oponerse a una reforma y a un proceso de modernización? Pero no todo lo que brilla es oro.

La llamada desinstitucionalización de los hospitales Borda y Moyano no es otra cosa que una verdadera operación de traslado que no viene a restituir juridicidad ni dignidad allí donde fue denegada la condición de persona y de ciudadanía.

Primero definieron el negocio inmobiliario público y privado, con el típico discurso conservador de urbanizar para ganar espacio y seguridad, buscando consenso en la población que siempre percibió a estas instituciones como un lugar de exclusión y abandono.

La rehabilitación y la reinserción social exigen una concepción diferente al mercado, requieren del discurso de la ética y los DD.HH., políticas sociales integradas y articuladas al dispositivo de salud mental, políticas de estado activas y políticas en salud keynesianas. El presupuesto del gobierno conservador de Macri no refleja nada de esto, mira con privilegio un nuevo clientelismo empresario de la obra pública y los negocios del Estado de la ciudad de Buenos Aires. Es contrario a la Ley 448, en sus principios y fundamentos, que nos proponen un firme proceso de transformación y reconversión progresiva de las instituciones y de las políticas de salud mental, centradas en la atención primaria, en un modelo comunitario, que facilite un nivel creciente de participación y autonomía de la propia organización social, con el compromiso irrenunciable del estado en la defensa de los derechos de los pacientes y usuarios en todo el sistema de salud.

La organización de un sistema de información epidemiológica y registro estadístico sobre toda la información vinculada con la salud mental en los tres subsectores, que faciliten la construcción de un servicio en red, con criterios de diagnóstico y evaluación funcionales con los criterios sostenidos por la Organización Panamericana de la Salud-Organización Mundial de la Salud.

Un programa sostenido con prioridades y financiamiento seguro, con evaluación permanente que cuente con el apoyo y asesoramiento de la OMS, la OPS, y expertos de países que han liderado procesos de transformación en la salud mental.

El modelo será comunitario, universal y equitativo. La atención será oportuna e integral. Sostenido en un sistema en red con áreas programáticas territorializadas y equipos multidisciplinarios que aseguren la continuidad de los cuidados. El eje de la atención estará centrado en la comunidad, con dispositivos alternativos que privilegien la atención ambulatoria, domiciliaria, hospitales de día, centros de salud, casas de medio camino, empresas cooperativas y emprendimientos laborales.

Se trata de un programa que deberá establecer las políticas necesarias para cumplir estos objetivos, un cronograma de acciones a desarrollar en un período de cinco años que permitan producir la reforma psiquiátrica con el establecimiento de normativas que regulan las internaciones y los modelos de atención en los tres subsectores.

Se crearán dispositivos alternativos para el cuidado y la atención de los pacientes que se externen, ayuda a los mismos y familiares, asumiendo el Estado la protección necesaria de todos aquellos que no logren una reinstalación sociocomunitaria adecuada.

Se requieren las 500 camas propuestas. La salud mental es parte del sistema general de salud, por tanto esas camas y salas de internación deben estar en los hospitales generales como parte de otros niveles de complejidad que atienden a la demanda ambulatoria. La interconsulta, una red de instituciones centradas en la comunidad que permitan la atención calificada y permanente de los trastornos psiquiátricos severos.

La internación es y debe ser un recurso de última ratio, breve y eficaz, para volver a la comunidad con los cuidados necesarios.

La propuesta de estas diez nuevas instituciones sería la reproducción de una concepción manicomial. En ese contexto, un centro único de atención y derivación es sencillamente un disparate. Los centros de atención primaria en salud mental deben estar en el territorio, en la 1-11-14, en la escuela, en los clubes.

Estas propuestas no contienen ni la carta de Ottawa sobre promoción de la salud y acción comunitaria, ni la declaración del Milenio ni las conclusiones de la conferencia internacional de salud para el desarrollo “Derechos, hechos y realidades” que se realizó en Buenos Aires el año pasado.

La propuesta es la esperable de un funcionario del mercado de la década menemista; retirar el Estado y lenguaje modernizador. El proyecto conservador es puramente asistencial, pone la asistencia y la atención en el centro, corriendo el eje de organización de la salud en la atención primaria.

En síntesis, la propuesta de Macri para los hospitales Borda y Moyano es una operación de traslado de dos mil pacientes sin especificar los recursos económicos y humanos requeridos para un verdadero proceso de reinserción social ni un cronograma razonable de una tarea compleja que requiere la intervención y coordinación de numerosos sectores.

La política en adicciones está ausente de la propuesta de salud mental porque en palabras del diputado Eugenio Burzaco “es una cuestión policial”.

La ciudad ya ha implementado un verdadero desmantelamiento de los recursos existentes para la atención, cuidado y rehabilitación de los menores en la ciudad, cerrando numerosos dispositivos y trasladando al sector privado otros.

Es decir, es una política de abandono en la ciudad de Buenos Aires.

* Coordinador del dispositivo de Salud Mental de la U20, SPS.