La Corte Suprema ya tiene mayoría para declarar la inconstitucionalidad de la ley que castiga la tenencia de drogas para consumo personal y motorizar, así, su despenalización. Sus Señorías volverían –aunque con algunos toques aggiornados– a la esencia de un fallo de 1986, conocido como “Bazterrica”, que ubicaba la posesión de estupefacientes para uso propio entre “las acciones privadas de los hombres” resguardadas por la Constitución. Aquella doctrina defendía la “autonomía de conciencia”, “la voluntad personal” y la “libre elección”, pero quedó sepultada por la Corte de Carlos Menem con otra sentencia que proclamaba “valores morales” y hasta hablaba de una amenaza para la “subsistencia” de la “humanidad”.

Según pudo confirmar PáginaI12 a través de funcionarios supremos, el expediente que circula en la Corte cuenta con cuatro votos para declarar la inconstitucionalidad del artículo 14 de la ley 23.737 (conocida como Ley de Estupefacientes), que es el que pena la tenencia para uso personal. Ya figuran las firmas de Raúl Zaffaroni, Enrique Petracchi, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda. Aunque con estas voluntades alcanza para fallar, todo indicaría que el resto de los jueces quiere opinar tratándose de un tema de gran envergadura. El caso tiene “trámite acelerado”, como le dicen en la jerga cortesana. Esto no quiere decir que la resolución va a salir ya mismo, pero sí que tiene chances para antes de fin de año.

La movida de la Corte coincide con una similar que viene desde el Gobierno, alentada por el ministro de Justicia, Aníbal Fernández, quien a lo largo de este año planteó en diversos ámbitos –incluso en Naciones Unidas– la necesidad de una reforma legal que deje de “criminalizar a los consumidores” y se ocupe “de los traficantes”. Dentro de su ministerio, un Comité Científico –que integran la fiscal Mónica Cuñarro, los jueces Martín Vázquez Acuña, Roberto Falcone y Horacio Cattani, entre otros– está en plena elaboración de un proyecto de ley. La iniciativa enfrenta las clásicas resistencias conservadoras. Pero si el máximo tribunal fallara en breve volvería casi obligada la modificación de la norma, vigente desde 1989.

En la Corte, los debates suelen ser de lo más dinámicos, pero los ministros que ya expresaron su postura puertas adentro no parecerían inclinados a cambiarla, según pudo saber este diario. Incluso es casi cantado que se les sumará Carlos Fayt, que apoyó la despenalización en el caso “Bazterrica”. Aquel fallo, basado en un voto de Petracchi, hacía eje en el artículo 19 de la Constitución que protege las libertades individuales. Definía que la tenencia para consumo pertenece al universo de “las acciones privadas de los hombres”, ya que “no interfiere con las acciones legítimas de terceras personas” ni “daña a otros”. Señalaba a la “autonomía de conciencia”, la “libre elección” y la “voluntad personal” como fundamentos “de la democracia constitucional”.

En diciembre de 1990, ya con nueve miembros, la Corte dio vuelta completamente el criterio y ubicó la posesión de estupefacientes para uso personal “entre las acciones que ofenden el orden, la moral y la salud pública”. Advertía la necesidad de castigarla para proteger “los valores morales, de la familia, de la sociedad, de la juventud, de la niñez, y en última instancia de subsistencia misma de la Nación y hasta de la humanidad toda”. Así fue como respaldó la ley que aún opera y que establece “prisión de uno a seis años” para “el que tuviere en su poder estupefacientes” y acota que “la pena será de un mes a dos años de prisión cuando, por su escasa cantidad y demás circunstancias, surgiere inequívocamente que la tenencia es para uso personal”. Qué significa “escasa cantidad” es algo librado a cada magistrado.

La validez de la ley está cuestionada en varios expedientes que tramitan en la Corte. Los jueces acordaron dictar sentencia en uno paradigmático: es el reclamo de Andrés Villacampa y César Mindurry, a quienes la policía encontró con un cigarrillo de marihuana cada uno. Les iniciaron una causa penal y terminaron condenados por un tribunal oral de Rosario. A uno le tocó un mes de prisión en suspenso y al otro dos meses. Apelaron y llegaron hasta la cúspide del Poder Judicial.

Los jueces de la Corte tendrán tela para cortar, ya que en las casi dos décadas de vigencia de la Ley de Drogas el problema se tornó cada vez más complejo: los tribunales se saturaron de causas contra pequeños consumidores, mientras que los narcotraficantes ocupan un lugar menor en el banquillo. Las estadísticas del Poder Judicial cantan que casi la mitad de las investigaciones penales que se abren en un año son por tenencia de droga para consumo personal. Con el tiempo, muchos jueces empezaron a desestimar casos aplicando criterios personales. Hubo fallos de distintas cámaras, incluso de Casación, tendientes a despenalizar, pero falta el eslabón supremo, que ahora no estaría tan lejos.